La decisión se dio ante el nivel de polarización y de amenazas entre las campañas que impiden las garantías de transparencia y seguridad para efectuar este ejercicio de control ciudadano.
Según Alejandra Barrios, directora de la Moe, “la decisión de no efectuar observación electoral obedece, por un lado, a las faltas de garantías entre las diferentes campañas y hacia la ciudadanía para avanzar en un proceso electoral libre y transparente, y por otro lado, a la decisión de enviar un mensaje fuerte y claro a los ciudadanos de La Guajira para que asuman responsabilidad frente a las decisiones políticas que están tomando”.
La entidad denunció que en lo que va corrido del 2016 se han registrado 16 casos de víctimas de violencia política y social en tres municipios de este departamento, entre estos, el asesinato de la presidenta saliente de la Junta de Acción Comunal de Santa Isabel en Maicao, María Luisa de la Cruz Cervantes, el pasado 13 de julio.
Además, advirtió sobre los riesgos electorales de esta jornada atípica y señaló que en 10 de los 15 municipios del departamento se podrían presentar casos de fraude electoral. Entre los factores que más preocupan está la variación de participación en los municipios de Manaure, Uribia y Hatonuevo. Por ejemplo, en Hatonuevo el nivel de electores subió de 52 a 62 % de 2003 y 2007, y nuevamente subió de 60 a 72 % entre el 2011 y el 2015.
Existe también un riesgo por el nivel de votos nulos, en esta categoría la Moe encontró que durante las últimas tres elecciones (2007, 2011 y 2015) los niveles de votos nulos han aumentado en cinco municipios. En el caso de las elecciones a gobernación de 2015, el índice de votación anulada en Colombia fue del 2,3 %, mientras que en municipios como Urumita, Manaure y Riohacha el nivel estuvo por encima del 2,5 %; en Albania llegó al 3,1 % y en Uribia alcanzó el 3,7 %.
Un tercer factor de riesgo detectado por la Moe es la cantidad de tarjetones no marcados, lo cual sugiere la posibilidad de que puedan ser manipulados para marcar ilegítimamente alguna opción. Así, mientras que en el 2015 el nivel nacional de no marcados fue del 9,6 % de la votación, el nivel departamental de La Guajira fue de 10,9 %.
Además, según lo constató EL TIEMPO en el portal Cuentas Claras, la información registrada indica que ninguna campaña ha reportado algún tipo de ingreso o gasto, hecho que según la Moe contrasta con la realidad del departamento, en donde se evidencia el gran despliegue publicitario alrededor de las campañas políticas.
Medidas para proteger las elecciones
La Registraduría Nacional, por su parte, afirma que han adoptado mecanismos de control para garantizar la transparencia en esta jornada electoral. Entre las medidas más significativas se encuentran el traslado de 17 funcionarios al departamento de La Guajira, la identificación biométrica que permite verificar que el ciudadano que se acerca a sufragar sea quien dice ser, el proceso de preconteo y el software de sorteo y de seguimiento de jurados de votación.
Con relación a este último punto, la Registraduría señaló que en el municipio de Uribia, la coalición Partido de 'la U' y Conservador presentó 1.010 postulados a jurados de votación, el Partido Opción Ciudadana 1.547 y el Partido Unión Patriótica 440.
Luego de la verificación del listado por parte de la entidad electoral se encontró que de los 1.547 postulados por el Partido Opción Ciudadana 1.216 no hacían parte del censo electoral de ese municipio, 17 ciudadanos ya habían sido reportados por empresas, 48 eran mayores de 60 años de edad, 3 no cumplían el requisito mínimo de escolaridad de bachillerato, 2 no estaban habilitados en el censo y 2 tenían registro de inhabilidad en el censo electoral; por lo que 1.299 ciudadanos postulados no pudieron participar en el sorteo de jurado de votación.
Con respecto a algunas denuncias que relacionaban a familiares del candidato Wilmer González del Partido de 'la U' con el sorteo de jurados de votación, la Registraduría Municipal de Uribia, luego de constatar el parentesco, ordenó su exoneración y reemplazo.
La Registraduría recomienda a los partidos políticos hacer uso de la figura del testigo electoral como medida para garantizar la transparencia en la jornada electoral del próximo domingo. Esta figura está sustentada en la Ley 1475 de 2011 y faculta el derecho a ejercer vigilancia de los procesos de votación y escrutinios. El plazo máximo para la postulación de testigos electorales vence este viernes 4 de noviembre a las 5:00 p. m.
La ciudadanía podrá reportar presuntas irregularidades o anomalías electorales a través de los canales de comunicación dispuestos por la Moe. Entre ellos están la página www.pilasconelvoto.com, el teléfono celular 318 765 34 35 (WhatsApp), la línea gratuita 01 8000 112 101 y las redes sociales de la organización.
DEISY ALEJANDRA ÁVILA
Escuela de Periodismo EL TIEMPO