La MOE le pone la lupa a las elecciones en Cartagena y eleva alertas

La Misión de Observación Electoral, MOE, no ha sido ciega ante hechos que impactan la jornada electoral que se avecina en Cartagena.

No ha sido ciega la MOE ante la presunta participación política del alcalde de la ciudad, William Dau, que ha salido a criticar a candidatos al primer cargo de la ciudad, incentivando y desincentivando el voto en contra de algunas figuras políticas locales.

Tampoco ha sido ciega la MOE ante la propaganda política extemporánea que se mueve en la ciudad, como el hecho ocurrido en las últimas horas en la popular Plaza de la Aduana.

A poco menos de 157 días de celebrarse los comicios territoriales 2023, La MOE  plantea varias alertas a las autoridades de manera que se pueda fortalecer la calidad, transparencia y equidad en el proceso electoral de esta ciudad.

La MOE alerta sobre precandidaturas que han realizado acciones con carácter proselitista, y propaganda política extemporánea, que van desde la entrega de material impreso publicitario, hasta adecuaciones de escenarios deportivos y parques, y la realización de reuniones comunitarias.

En la etapa prelectoral solo los Grupos Significativos de Ciudadanos –GSC, tienen permitido el uso de propaganda, pero específicamente con la finalidad de lograr la recolección de firmas del comité inscriptor, y en ningún caso debe hacer referencia al precandidato(a) ni debe incitar al voto.

(Además: Suspensión del parque eólico Windpeshi en La Guajira desata crisis social)

Estas situaciones pueden estar contraviniendo las restricciones que plantea el Artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, por cuanto ocurren de forma anterior a los 3 meses de la fecha en que se celebrarán los comicios.

La MOE exhorta a las autoridades electorales, en cabeza del Consejo Nacional Electoral, a ejercer un control oportuno con acciones sancionatorias que garanticen la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Y se hace un llamado a las campañas a respetar las buenas prácticas electorales.

La MOE alerta sobre presunta participación indebida en política: Persisten los pronunciamientos públicos de servidores públicos en favor o en contra de actores políticos con potencial de participar en la contienda electoral como candidato(a)s.

La Misión de Observación Electoral insiste en la importancia de que los servidores públicos en el contexto electoral obren teniendo como referencia la ética pública y, en lo posible, se abstengan de opinar, actuar o influir sobre subordinados y ciudadanía.

(Vale la pena leer: Un 'duende' no dejaría salir a los niños indígenas perdidos en la selva, según abuelo)

Deben evitar conductas que puedan acarrear investigaciones y/o actuaciones disciplinarias (por posible contravención a la Ley 996 de 2005), y penales (de demostrarse la conducta punible de intervención indebida en política de conformidad con el Artículo 422 de la Ley 599 de 2000), que podrían generar multas y/o pérdida del empleo o cargo público.

La veeduría electoral persiste la poca transparencia en el proceso de reporte de ingresos y gastos de las campañas asociadas al proceso de recolección de firmas de los GSC.

Desde la autoridad electoral y órganos de control deben darse las alertas y recomendaciones respecto de la publicación de este tipo de información. Y por parte del Consejo Nacional Electoral deben darse las acciones de control oportuno en los casos donde se está incumpliendo las disposiciones normativas de rendición de cuentas en el aplicativo Cuentas Claras.

(Además: Desacuerdos de indígenas y afros impiden entrega de tierras de manos de Francia Márquez)

La Ley 130 de 1994 describe en sus Artículos 20 y 21 que la visibilización de ingresos y gastos de estas campañas abarca contribuciones, donaciones, rendimientos de inversiones, créditos, ayuda en especie valorada a su precio comercial y dinero público; esto implica que cualquier tipo de recurso del que se valga el GSC para su campaña debe ser reportado en Cuentas Claras de forma inexorable. La omisión de información del aportante es delito de acuerdo con la Ley 1864 de 2017, con penas de prisión de entre 4 y 8 años y multas de entre 400 y 1200 SMLMV.

La MOE Cartagena está integrada por la Fundación Cívico Social Pro Cartagena – FUNCICAR y la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Cartagena