Superservicios no tumba cobro de la sobretasa de seguridad en Antioquia

Gran revuelo causó en los últimos días una circular externa que fue publicada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre los lineamientos para la facturación de los servicios públicos domiciliarios en el país.

Según se lee en el documento de seis páginas firmado por Yanod Márquez Aldana, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, la entidad imparte a los prestadores de servicios públicos una serie de instrucciones para tener presentes, entre las que aparece, por ejemplo, que una empresa que presta estos servicios puede llegar a un convenio con otras entidades prestadoras de servicios públicos para que a través de ella se realice el cobro, pero que la factura no puede ser usada para cobros de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos.

En la norma citada en la misiva de la entidad se indica que las empresas que presten servicios públicos domiciliarios, únicamente podrán cobrar tarifas por concepto de la prestación de dichos servicios.

“En consecuencia, las empresas que presten los servicios públicos domiciliarios, no podrán incluir en la factura correspondiente cobros distintos de los originados en la prestación efectiva de los mencionados servicios, aunque existan derechos o conceptos cuyo cobro esté fundamentado en otras normas de carácter legal, salvo que cuenten con la autorización expresa del ”, dice parte de la comunicación.

Con esta argumentación jurídica se armó una gran polémica en el departamento donde algunos ciudadanos señalaron que, bajo esa explicación, la sobretasa de seguridad y convivencia que fuera aprobada por la Asamblea de Antioquia a finales de 2024 no se podría cobrar.

“Se elimina impuesto a la seguridad en Antioquia. Así lo informó la Superintendencia de Servicios Públicos, que emitió una circular en la que determinó que cobros adicionales, como el destinado a la seguridad del gobernador Rendón, no podrán incluirse en las facturas que llegan a los hogares. De esta manera se deroga una propuesta polémica que buscaba imponer más gravámenes a los antioqueños bajo el pretexto de la seguridad”, señaló un ciudadano.

La senadora antioqueña Isabel Zuleta, por su parte, aseguró que con esto el “cobro fue bloqueado”, pero la Gobernación “insiste en hacerlo a través de un tercero”.

Vale la pena recordar que la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, como fue presentada y aprobada por la Asamblea a través del proyecto de ordenanza No. 59 de 2024, busca recaudar 1,09 billones de pesos entre 2025 y 2027 en cinco proyectos.

Este dinero será cobrado a través de los suscriptores residenciales pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, además de los suscriptores del sector comercial e industrial, por medio del cálculo según el consumo de energía en kilovatio-hora (kWh) por una fracción de la Unidad de Valor Tributario.

Los proyectos a los que irá el dinero recaudado son: Tecnología como aliada ante menor pie de fuerza, Empás para perseguir a los delincuentes en la ruralidad, justicia disuasiva con la construcción de una cárcel departamental, infraestructura digna para soldados y policías y convivencia con placas polideportivas.

Inmediatamente se conoció la aprobación de la ordenanza para el cobro de esta sobretasa de seguridad a través del consumo de energía el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que como presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, no autorizaba que dicho recaudo se hiciera en la factura de la empresa.

Ante la negativa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en diálogo con EL TIEMPO a finales de 2024, indicó que se había tomado la decisión de hacerlo con la empresa Valor +.

“Lo vamos a hacer con Valor +, que es una filial del IDEA, es una entidad vinculada a la Gobernación de Antioquia y, entre otras cosas, le cobra cerca de un tercio los impuestos prediales, industria y comercio al distrito de Medellín. Ellos tienen una buena tecnología, una buena capacidad operativa para hacernos la recolección”, dijo entonces el gobernador Rendón.

Ante la aparición de esta circular, se consultó con la Gobernación de Antioquia sobre los impactos que esta traería y aseguraron que este documento lo que hace es recordar los lineamientos y no pone en riesgo el cobro del impuesto.

“La Gobernación de Antioquia podrá cobrar la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana directamente, a través de un tercero. La circular no afecta el cobro de la tasa y Antioquia procederá de acuerdo con el mandato que autorizó la Asamblea”, manifestaron desde la entidad departamental.