La Fiscalía expuso este miércoles durante más de cinco horas los argumentos por los que se debería condenar por homicidio culposo a los responsables del colapso de la torre seis del
edificio Space, incidente que dejó 12 muertos el 12 de octubre de 2013.
Según Amparo del Socorro Botero, fiscal seccional 100 de la Unidad de Vida, hubo ilicitud e irresponsabilidad de los acusados Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO; María Cecilia Posada, directora de obra, y Jorge Aristizábal, ingeniero estructuralista.
De hallarse culpables por la muerte de
Juan Esteban Cantor Molina, único residente de Space fallecido en la tragedia (el proceso ya precluyó por las otras 11 muertes),
los acusados recibirían una condena de dos a seis años, detalló Botero, durante el inicio de los alegatos de conclusión.
“A los errores del calculista (Aristizábal) se les sumaron los errores del constructor”, dijo la fiscal. “Las fallas estructurales previas al colapso preveían una catástrofe anunciada, y todas fueron omitidas”, añadió.
La evidencia
La carpeta de pruebas y conclusiones de la Fiscalía es abultada. Según su exposición, Jorge Aristizábal diseñó Space sin el cumplimiento de las exigencias normativas para la capacidad de los muros estructurales, razón por la cual estos terminaron cediendo a la carga vertical que debía soportar la edificación.
“También incumplió las medidas máximas permitidas por las normas de sismorresistencia vigentes”, añadió Botero.
Los errores en el diseño estructural fueron aún mayores. Según la fiscal, subestimó el peligro de la falla estructural presentada en febrero de 2013 en la columna R3 del piso cinco de la torre seis, la cual presentó un descascaramiento.
En la cadena de fallas que derivó en el colapso de la torre seis de Space también hubo yerros constructivos. Botero afirmó que Pablo Villegas incurrió en errores graves en su calidad de constructor.
La fiscal dijo que Villegas aceptó los diseños de la estructura del edificio presentados por Aristizábal sin que estos cumplieran exigencias normativas.
También lo acusó de adoptar medidas insuficientes frente al asentamiento de la pila R3 que se venía manifestando desde octubre de 2012, por lo que se generó un aumento paulatino de las cargas que tenía que soportar la estructura.
“Autorizó y permitió el uso de concretos con resistencia por debajo del valor de diseño para algunos elementos fundamentales, resistencias que también eran violatorias de las normas de sismorresistencia”, agregó la fiscal.
A María Cecilia Posada la culpó de haber dirigido la construcción de la obra incumpliendo las exigencias normativas y de hacer caso omiso a las señales presentadas por la edificación: grietas, fisuras y arqueos.
Botero reiteró en su alegato otros factores que engrosaron toda la cadena de errores.
“La pila R3, que se había asentado, debía tener 22 metros de profundidad y solo se llegó a 16,5 metros. La separación de los estribos, barras transversales en las columnas, debían estar cada 4,5 centímetros y estaban a 30 centímetros. Así había 216 columnas en la fase seis. ¿De qué magnitud son los errores cometidos, señora Juez?”, concluyó.
Los alegatos de conclusión continuarán el 9 y 10 de octubre.
JUAN DIEGO ORTIZ JIMÉNEZ
Redactor ADN