Un billón de pesos. Eso es, en promedio, lo que Empresas Públicas de Medellín (EPM) le transfiere anualmente a Medellín. También es el costo al que asciende un presunto detrimento patrimonial de dos negocios internacionales de EPM: Aguas Antofagasta, en Chile, y la hidroeléctrica Bonyic, en Panamá.
A la primera, la Contraloría General de Medellín ya le abrió un proceso de investigación. Sin embargo, en la segunda, ese mismo ente de control reveló hace poco el resultado de una auditoría en la que se evidenció un hallazgo con incidencia fiscal y istrativa por casi 114 millones de dólares (420.000 millones de pesos).
La concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, quien desde 2016 viene denunciando irregularidades con los negocios extranjeros de EPM, expresó su indignación con los resultados del informe.
“Esta hidroeléctrica (Bonyic) es de 32 megavatios (MW), es el 15 por ciento de lo que será Hidroituango (2.400 MW), y se construyó en casi el mismo tiempo, 11 años, es inaudito. ¿Cómo explica EPM que esa central, cuyo costo inicial fue de 50 millones de dólares, haya terminado costando seis veces más (314 millones de dólares)?”, cuestionó Aguinaga.
“De lo anterior se puede inferir que el megavatio instalado pasó de 1,7 a 9,8 millones de dólares. Cifras, que por sí solas, demuestran la falta de control y seguimiento riguroso por parte de la istración del proyecto”, indica el documento de la Contraloría.
De igual gravedad, evidenciaron incrementos millonarios en honorarios con dos empresas: Integral S.A. y Conconcreto. Con el primero, se suscribieron contratos de diseño y de consultoría de verificación a la ejecución de la obra.
“Este último, tenía un plazo de 274 días y terminó con 2.443 días. En cuanto a honorarios, comenzó en 2,9 millones y terminó cobrando 15,9 millones de dólares”, denunció Aguinaga.
El valor sumado de los honorarios de las dos empresas se incrementó en un costo mayor que el valor inicial del proyecto
Con la segunda empresa, el contrato fue por istración delegada, con un plazo inicial de 1.020 días y finalizó con más del doble (2.073).
“El valor de los honorarios pasó de 4,5 a 48,2 millones de dólares”, agregó la concejal.
Es decir, prosiguió la cabildante, que el valor sumado de los honorarios de las dos empresas se incrementó en un costo mayor que el valor inicial del proyecto (50 millones de dólares).
Para Aguinaga, lo más grave es que esta irregularidades las sabía la junta directiva de EPM quien decidió no interponer acciones judiciales, de sanción o reclamación, la respuesta fue: “El pleito judicial podría ser inconveniente porque las empresas son aliadas de EPM. Entonces que nos expliquen qué es un aliado, porque creo que no estuvieron a la altura de defender los intereses de la ciudadanía, que es la que termina pagando”, argumentó la concejal.
Culminó la denuncia asegurando que dicha pérdida económica no se podrá recuperar, por lo que la contraloría podría realizar un juicio de responsabilidad fiscal para que los culpables rindan cuentas por el presunto detrimento, un proceso que ya se está haciendo con el otro negocio, Aguas Antofagasta.
EPM responde
Mediante un comunicado, el gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, defendió la inversión hecha en Bonyic –también conocida como Hidroeléctrica del Teribe (HET) y argumentó las razones del incremento en la inversión.
“Las inversiones en conjunto, han generado rentabilidad superior al 15 por ciento. Pero, individualmente, hay unas que no se comportan tan bien, como es el caso de HET, que ha tenido una rentabilidad menor que el resto, pero que es positiva y que se va a recuperar a través del tiempo”, aseguró Londoño De la Cuesta.
Sin embargo, cifras entregadas por EPM revelaron que en los tres últimos años, la filial proyectó utilidad neta negativa por 2’768.729 de Balboas (moneda de Panamá), que equivalen a 7.941 millones de pesos, pero dicha utilidad neta negativa fue de 46.727 millones de pesos.
Las inversiones en el extranjero en conjunto, han generado una rentabilidad superior al 15%
Ya, sobre las razones de las adiciones presupuestales al proyecto hidroeléctrico, el directivo aclaró que estas se dieron por tres razones.
“La primera fue una avalancha ocurrida cuando inició el proyecto, lo que obligó a construir la casa de máquinas de manera subterránea y no en superficie como se había planteado, lo que incrementó el valor del proyecto sustancialmente. Segundo, al realizar esos trabajos, encontramos condiciones geológicas que también encarecieron la obra. Y en tercer lugar, la consecución de la licencia ambiental retrasó el desarrollo de la central que también conllevó mayores costos”, explicó el gerente de la multilatina.
De igual forma, el directivo aclaró que los costos del portafolio de inversión extranjero de EPM, “en nada tiene que ver con el costo de los servicios públicos que se cobran en Medellín. Las tarifas las regula el Gobierno Nacional”.
Lo que no aclaró, EPM, es el por qué no inició ningún tipo de proceso en contra de las dos empresas (Conconcreto e Integral S.A), pues en el informe presentado por la Contraloría, data que tanto la junta directiva, como la istración del proyecto, tenían preocupaciones por las adiciones en los costos.
EL TIEMPO intentó comunicarse con la empresa Conconcreto, pero su respuesta fue que se acogían al pronunciamiento de EPM
David Alejandro Mercado Pérez
Redactor de EL TIEMPO