Audiencia por escándalo en deporte antioqueño llega a su recta final

La audiencia pública entre Indeportes Antioquia y la Asociación de Organizaciones Deportivas en Antioquia (Fedelian), para esclarecer las irregularidades del convenio 157 de 2017, entró en su etapa decisiva. El próximo lunes 13 de mayo, Indeportes emitirá su determinación final para establecer si Fedelian incumplió el polémico contrato y debe pagar una millonaria suma de dinero por los daños causados.

El pasado viernes 3 de mayo, Indeportes emitió un fallo preliminar donde declaraba que Fedelian había incumplido el convenio y exigía una indemnización por el 10 por ciento del valor del mismo, equivalente a 1.056 millones de pesos. Sin embargo, Fedelian y Seguros del Estado (aseguradora del contrato) interpusieron un recurso de reposición con el fin de reversar esa decisión.

El convenio 157 de 2017 es uno de los capítulos más sensibles de los múltiples señalamientos que han caído sobre Indeportes desde el año pasado, donde se cuestiona su manejo de los dineros públicos destinados para el deporte antioqueño.

Ese convenio tenía como objeto fortalecer la preparación de los atletas de varias ligas del departamento, por lo que se asignaron más de 10.567 millones de pesos para el pago de entrenadores, logística de eventos, transportes, exámenes médicos, entre otros. En ese proceso Fedelian fue el contratista seleccionado.

Luego de estallar el escándalo por las presuntas irregularidades, varias cabezas de Indeportes dieron un paso al costado, entre ellas el antiguo subgerente de Altos Logros, Luis Felipe Jiménez Oviedo, cuya firma aparece en el convenio 157.

Lina María Posada fue la funcionaria encargada de reemplazar a Jiménez y emprendió una minuciosa revisión al convenio, para determinar qué recursos habían sido ejecutados y cuales carecían de soportes. Posada concluyó que había un valor de 2.378 millones de pesos cuya ejecución no había sido probada.

“Según la revisión realizada desde el inicio del convenio hasta la fecha, la acreditación del pago de los entrenadores y/o monitores no se hacía (…). Fedelian debe explicar por qué entregó soportes no válidos que pretendían respaldar el ítem de desplazamiento (…), y por qué no hizo entrega de los contratos celebrados con los practicantes del SENA (…)”, son algunos de los hallazgos que arroja el informe de supervisión, publicado el 21 de diciembre de 2018.

El viernes 8 de febrero Posada abandonó su cargo en Indeportes, luego de presentar su renuncia. Diversas fuentes cercanas a ese proceso y otras al interior de la entidad pública, cuestionaron en su momento la salida de la funcionaria, ya que era la persona lideraba las investigaciones.

Tras la renuncia de Posada, Fedelian contratacó y acusó a Indeportes de incumplir el convenio. Rodrigo Orozco, abogado de Fedelian, dijo que Indeportes había sofocado a Fedelian al suspender los desembolsos y agregó que cuando el antiguo subgerente Luis Felipe Jiménez supervisaba el convenio nunca había detectado irregularidades.

La sesión de lunes podría convertirse en el inicio de una disputa legal por el convenio, ya que agotada la instancia de la audiencia pública cualquiera de los implicados podría acudir a un tribunal istrativo.

Las audiencias públicas por incumplimiento son una herramienta contemplada en el Estatuto Anticurrupción aprobado en 2011. Ese decreto establece que las entidades públicas pueden citar a un contratista cuando tienen evidencias de un posible incumplimiento, como es el caso del convenio 157 de 2017, e imponer multas para resarcir los daños causados.

El concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra, pidió hoy una revisión más profunda a la contratación de Indeportes, principalmente varios convenios que esta entidad pública celebró con Fedelian.

"Por tercera vez solicité al gobernador de Antioquia que se realice una auditoría forense, porque las mismas condiciones del convenio 157 de 2017 se reflejan en otra serie de convenios también celebrados con Fedelian, que suman aproximadamente 32.000 millones de pesos", dijo el concejal Guerra. 

Además, el concejal solicitó que se revisen los contratos por obras de infraestructura que sumarían más de 300.000 millones de pesos.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN.