Pola, la voz en la que más confían los desplazados que llegan al Distrito de Aguablanca

En el corazón del Distrito de Aguablanca, llegando a la mitad del camino del nuevo sector conocido como el Bulevar del Oriente, hay una casa donde reposa el que es, quizás, el archivo más valioso sobre el desplazamiento forzado en el oriente de Cali. Es la casa de la Asociación Solidarios por la Vida, Solivida.

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Desde 2001, cuando comenzaron a abrir expedientes para guardar registros y caracterización de cada persona que tocaba la puerta, han ayudado a casi 5.000 familias y más de 25.000 personas, en su mayoría afrodescendientes, de la Costa Pacífica.

Su directora y representante legal se llama Pola Elisa Buenaventura González. Es abogada, con 64 años y ha dedicado la mitad de su vida —desde los 32— a garantizar, mediante la asociación, los derechos de las personas que han tenido que huir de sus tierras por la violencia, con apenas unas cuantas pertenencias para sobrevivir y que han llegado a este lugar, que se ha convertido en su refugio para ser escuchadas y un camino para encontrar la esperanza para seguir luchando.

El trabajo de las nueve personas que conforman Solivida y de su directora general se centra dos aspectos: la tutela y el restablecimiento de derechos vulnerados por los actos de violencia y la protección o reconstrucción de los vínculos sociales.

En 1992, tiempo al que se remonta el origen de la asociación, la Hermana Alba Stella Barreto, que para ese entonces lideraba el trabajo comunitario de la Fundación Paz y Bien en la Comuna 14 de Cali, le pidió a Pola Elisa -que acababa de terminar su carrera de Derecho en la Universidad San Buenaventura- separar los programas de derechos humanos de los demás de la organización. Así nació Solivida.

"Había mucha violación de los derechos y no había quien atendiera. La gente ni sabía que hacer ni cómo defenderse", comenta Pola.

Esa voluntad la llevó a participar con la Conferencia Episcopal en una investigación sobre el desplazamiento en la época que dio origen a la Ley 387 de 1997 que reconoce el desplazamiento como un problema que debe atender el Estado.

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Un año antes de establecerse este marco normativo, Solivida -con el nombre de Asociación Proyecto del Mañana Cultura y Solidaridad- logró constituirse como una organización no gubernamental, y cinco años más tarde se cambió el nombre por el de Asociación Solidarios por la Vida, pues, según Pola Elisa, "fue el modo como la comunidad reconocía nuestro trabajo".

La mayoría de las familias a las que han ayudado han sido expulsadas de Nariño, Cauca, Chocó y algunos municipios del Valle del Cauca. Un estudio interno de caracterización de 300 familias le mostró a Solivida que el 48 por ciento de estos grupos, con corte en 2022, eran provenientes del departamento nariñense, especialmente de Tumaco, El Charco, Barbacoas y Olaya Herrera.

"Hemos escuchado historias trágicas. Con el tiempo algunas han mejorado su situación, pero otros siguen igual porque al Estado se le sale de las manos. Son muchas víctimas", explica Pola.

Cuando una de estas llega desorientada a Solivida, lo primero que se hace es agendarle una cita. Allí escuchan sus palabras, recolectan sus documentos e identifican cuáles son sus necesidades. Estas pueden ser diversas: orientación para declarar, ayuda humanitaria, indemnización; ropa, vivienda, trabajo, un médico o un lugar para que los hijos estudien.

Una vez pasada esta fase, se les remite con acompañamiento y seguimiento a las instituciones del Estado. "Por ejemplo, si no han declarado, hacemos las llamadas y se mira cómo se les toma la declaración y se le hace seguimiento. Si no se les acepta, hay que hacer el recurso de reposición y de apelación o sino una tutela", señala la directora, quien explica que todo este proceso se realiza sin cobrar un peso a los desplazados.

Martín Alberto Vergara es médico y es el coordinador psicosocial y de visitas de Solivida. Se unió al proyecto a finales del 96 luego de trabajar en las selvas del Amazonas y el Putumayo atendiendo a otras víctimas. Para él, la asociación se ha convertido en un puente entre la comunidad y las instituciones: "Hemos logrado desarrollar una propuesta organizativa capaz de asegurar una comunicación fluida", comenta.

Una de las entidades con la que Solivida sostiene buena relación es la Casa de los Derechos de la Defensoría del Pueblo en el Distrito de Aguablanca. Los personeros de esta entidad los ayudan a agendar y tomar las declaraciones de las víctimas. De ahí se remite a la Unidad de Víctimas, que las estudia (máximo 90 días) y determina si se acogen en la población afectada.

Si finalmente la víctima es incluida, le dan tres ayudas humanitarias, una cada cuatro meses. Mientras transcurre ese tiempo, e incluso después, los promotores comunitarios de Solivida llaman a las familias, a veces las visitan, todo con el fin de estar al tanto de que necesitan.

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María Edilia Sepúlveda es una de las personas que cumple esta función. Ella es el primer o que tienen las personas que abandonaron su hogar y que logran llegar a Solivida gracias al voz a voz. Si alguien llama en la entrada de la casa, María Edilia es quien se arrima, apunta los datos básicos de las personas y le dice cuándo podrán atenderlas.

"Hoy en día siguen llegando muchas personas. Y de las mismas zonas", relata.

Según el último informe anual del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023 se registraron 167.540 eventos de desplazamiento forzado en Colombia, de los cuales 35.024 se presentaron en Nariño, 25.731 en el Valle y 16.390 en Cauca, siendo los departamentos que encabezaron la lista.

"La apuesta del Gobierno es trabajar en los territorios donde se está generando la violencia, y está muy bien, pero mientras tanto, la gente sigue llegando. La situación está compleja", manifiesta María Lury Mena, trabajadora social de la Asociación desde 2013.

Ismenia del Socorro Polo Cabrera llegó a Cali en 2009 junto a su hija y una de sus nietas. Llegaron desde Nariño, desterrados por la violencia. Tuvieron que dormir dos noches esperando ser inscritas en las oficinas de Acción Social. Al final, no fueron reconocidas dentro de esta comunidad vulnerable porque, supuestamente, en ese departamento no había violencia.

Fue entonces cuando Pola Elisa comenzó a buscar en Internet las pruebas de que sí la había. Con documentación detallada, presentó una tutela ante un juez de la República, que corroboró que efectivamente Ismenia y su familia debían incluirse.

"Por lo general, la gente no se sabe dar a entender. O no tiene la suficiente confianza con el funcionario para contarle como fueron los hechos. Pero uno tiene que trabajar bajo la premisa de la buena fe, creerle a la persona lo que está diciendo", sostiene la directora de Solivida.

Hoy en día, Ismenia sigue visitando Solivida. Lo hace cuando se le presenta alguna dificultad, pero también para llevarles regalos a todos los voluntarios de la asociación, quienes ahora son sus amigos. La última vez les llevó monederos que ella misma tejió.

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Para el médico Martín Vergara las víctimas siguen visitando Solivida no solo por la atención jurídica que brindan, sino porque se le da apertura a una dimensión que es muy importante, pero que normalmente es invisible: los sentimientos.

"Eso también es la vida de la gente. Hay personas que siguen viniendo desde el 98. Hacen falta espacios que sean abiertos y eso buscamos, que la persona pueda venir por dudas con su cédula y de paso nos pueda decir que extraña al yerno. Aquí pueden hablar de cualquier cosa porque no hay restricción de tiempo ni de tema", dice.

Una de las herramientas más importantes de la Asociación para entender el drama del desplazamiento es el familiograma. Este es un dibujo que hacen a mano, similar a un árbol genealógico, que levanta la estructura familiar que arribó a Cali, quiénes se desplazaron, a cuántos dejaron atrás y qué cambios han sufrido con el tiempo.

Gracias a esto, han logrado identificar que las familias habitaban el territorio no como hogares dispersos, sino como redes de familias, por lo que el impacto de la violencia no afectaba a un miembro solo, sino a una red de relaciones recíprocas que resisten unidas.

Para contribuir en la recolección de esta memoria histórica, Adriana Reyes Gutiérrez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la UAO, desarrolló una estrategia transmedia llamada 'Enraizados, el árbol del desplazamiento forzado' en la que divulga, a través de distintos formatos, un informe de la asociación donde se caracterizan 10 troncos familiares.

"En Solivida realmente se toman el tiempo de escuchar y entender las historias de las personas que llegan a Cali por el desplazamiento forzado, sin ningún tipo de prejuicios, para saber cómo pueden ayudarlos de la mejor manera a transitar algo tan doloroso como lo es el desarraigo", comenta Reyes.

En 2018, las embajadas de Alemania y Francia le entregaron el premio Franco-Alemán de Derechos Humano a Solivida. Un reconocimiento que se puede ver en colgado en la entrada de la casa ubicada en el barrio Marroquín II.

Desde el 31 de diciembre de 2022, en Solivida solo atienden de forma presencial los martes. Lo hacen así porque hasta el momento no han logrado articular un proyecto que les permita financiarse. Sin embargo, no han dejado de lado este trabajo voluntario y han seguido brindando atención desde sus propios hogares, por teléfono o WhatsApp, sin alterar ningún proceso en marcha.

"Hemos seguido. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero sobrevivimos porque hay una decisión de seguir sin interrupción, pues detrás de la continuidad está la generación de confianza. Cuando uno interrumpe un servicio no es posible reconstruir una historia de vida verdaderamente", explica Martín.

Desde otros lugares han logrado consolidar alianzas estratégicas con algunas universidades que se han interesado en el trabajo comunitario de la asociación. Entre estas están la Autónoma de Occidente y la Javeriana. Con la Alcaldía, cuenta Pola, no es tan sencillo, ya que el interés depende del funcionario de turno.

En ese sentido, Jennifer Moncada, la profesional encargada de las rutas e itinerarios de Solivida, cree que ha habido un error constante desde las istraciones. "La institucionalidad cree que sabe las necesidades de la comunidad pero resulta que nunca se ha metido a la comunidad. No conocen las dinámicas sociales ni las entienden", señala.

Después de 32 años, Pola Buenaventura cree que han cumplido su objetivo: entender la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado; acompañarlas a transitar el oscuro túnel del desarraigo, dignificar sus historias al tiempo que su calidad de vida mejora, incluso si esto no tiene una recompensa económica.

"Las personas solo cuentan una partecita de su historia" dice. Pues bien, en Solivida muchas han tenido la oportunidad de profundizar en su pasado y en construir, en medio de todas las dificultades que aún persisten, una nueva historia.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Corresponsal de El Tiempo en Cali