Reconstrucción paso a paso de masacre de Llano Verde, según Fiscalía

Semanas antes de la masacre de Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, un vigilante del cañaduzal en terrenos de un privado fue asesinado. Eran menores con edades entre los 14 y los 16 años. 

Desde entonces, los vigilantes que se turnaban esas labores en un predio privado, veían cómo -diariamente o con frecuencia- estos adolescentes ingresaban para bañarse en una laguna o a comer caña en esta zona arrinconada en el oriente de Cali.

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En Llano Verde viven familias en situación de desplazamiento por el conflicto armado, de reinsertados y de reubicados de zonas de riesgos de inundación en el jarillón del río Cauca.

Es un barrio marginal que colinda con cientos de hectáreas de cañaduzales dentro de los llamados ejidos de Cali, terrenos que en la época de la Corona Española fueron utilizados para que la servidumbre y para que la población pudiera tener actividades de esparcimiento.

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Hoy, 2’022.000 metros cuadrados pertenecen al municipio y son públicos entre 14 millones de metros cuadrados de todos los ejidos. O sea que los demás están en manos de privados y tendrían que ser devueltos al municipio.

Desde aquel asesinato de un vigilante, Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas estuvieron en la mira de tres hombres, de acuerdo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Dichos hombres fueron alimentando, al parecer, sentimientos de racismo y resentimiento contra estos jóvenes, quienes además de bañarse en la laguna, les gustaba comerse la caña.

No obstante, como lo señaló el fiscal Barbosa, ninguno de los menores masacrados fue vinculado al asesinato previo de un vigilante, al tiempo que las familias reiteraron el llamado de que no son delincuentes y que exigen justicia para estos niños. 

Estos antecedentes desembocaron en que aquel 11 de agosto, cuando los cinco menores de edad entraron al cañaduzal, fue como si ya tuvieran una sentencia de muerte encima, lo que coincidió con la hipótesis de la misma comunidad de un genocidio contra esta población de afrodescendientes, cuya mayoría vive en Llano Verde. 

El ingreso de los adolescentes se habría registrado antes del mediodía, teniendo en cuenta que algunos de ellos no fueron a almorzar a sus hogares. 

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De inmediato, uno de los vigilantes que cayó detenido en el operativo adelantado por las autoridades, con la Fiscalía al frente de esta investigación de 16 días, habría alertado a sus dos compañeros.

Uno de ellos manejaba maquinaria pesada y el otro también sería vigilante, se  comunicaron entre sí. Las autoridades revelaron que los dos presuntos homicidas serían parte de la banda los 'Suzuki'.

Aquel martes, los tres hombres -dos con armas de fuego y uno con arma cortopunzante- habrían perpetrado la masacre. La Fiscalía precisó que se habría cometido entre las 12:30 del día y la 1:30 de la tarde del 11 de agosto.

Algunos vecinos de Llano Verde dijeron que ese día vieron salir del cañaduzal a dos hombres ensangrentados y con machetes, pero es una versión que hoy está entre dudas. 

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Mientras los homicidas habrían cometido la matanza, familiares y allegados a las víctimas los buscaban y así lo hicieron durante toda la tarde de ese 11 de agosto hasta que en la noche llegaron al sitio, donde hay una caseta.

Allí, según la comunidad, vieron que la luz que estaba encendida se apagó.

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Como lo dijo el fiscal Barbosa, cinco de los niños (Luis Fernando, Jair, Jósmar y Léider) tenían señales de disparos. El cuerpo de Álvaro José Caicedo tenía una herida con arma cortopunzante. El papá del menor, quien lleva el mismo nombre, estuvo con otros familiares en el cañaduzal.

Álvaro José Caicedo sostuvo que ingresó al cañaduzal donde estaban los cuerpos después de las 6:30 de la tarde. Lo hizo porque después de buscar a su hijo con amigos y en casas de otras familias de Llano Verde, entre las 3 y las 6 de la tarde, una familiar alertó que los cadáveres estaban en el cañaduzal.

Álvaro Caicedo era el menor de todas las víctimas de esa tarde. Él tenía 14 años y cursaba octavo grado en la institución educativa Llano Verde de la Fundación Santa Isabel de Hungría, la cual pertenece a la Arquidiócesis de Cali.

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Avanzada la noche del 11 de agosto, las demás familias llegaron al lugar y la Policía arribó al sitio, corroborando que allí estaban los cadáveres y que había sido una masacre.

Dos días después, líderes de la zona y hasta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), así como la lideresa Francia Márquez, repudiaron la masacre y señalaron que fue un genocidio contra la población afro en Cali y el país.

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El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, indicó que este habría sido un genocidio generacional contra jóvenes que en su miseria y pobreza no cuentan con oportunidades de desarrollo y señaló que las autoridades deben detener a los 'escuadrones de la muerte'.

La Policía y el Ejército informaron en un comienzo, que la masacre habría sido por grupos armados ilegales asociados a fuerzas del narcotráfico.

Tras tres casi tres semanas sin recibir información al respecto, la población en Llano Verde exigió respuestas, al tiempo que algunas familias denunciaron amenazas en su contra. 

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El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, solicitó el pasado jueves a la Fiscalía, el acompañamiento del FBI de Estados Unidos para la investigación del crimen que estremeció y todavía enluta a la capital del Valle del Cauca.

CALI