Aunque en un comienzo hablaban de seis, son ocho los presuntos guerrilleros que fueron detenidos por la guardia indígena en el norte del Cauca, argumentando aplicar sus leyes ancestrales por la defensa de los territorios, irían este miércoles a un juicio que se hará en una asamblea en Tacueyó, en zona rural de Toribío.
Son señalados de ser parte de los enfrentamientos que hace más de un semana se agravaron en zona rural de Corinto, también en el norte del Cauca. Estos combates los sostienen integrantes de la banda
'Los pelusos', aliados con el Epl, y disidentes de las Farc, de acuerdo con el Ejército.
Los hombres fueron detenidos en la vereda El Boquerón, en Corinto, donde se registran estas disputas territoriales por tener el control de rutas del narcotráfico, pues en esta región hay cultivos ilícitos y producción de droga.
Los indígenas también señalan que por estos combates una persona murió y otras más quedaron heridas.
En agosto del año pasado, ante la justicia indígena pasaron dos hombres (entre ellos un policía activo) que fueron detenidos por la guardia de estas comunidades, tras el asesinato del comunero Luis Joaquín Yandi Camayo, en el Cauca.
Este homicidio del 2018 habría comenzado como un presunto robo en la tienda de la vereda Alto Palacé de Totoro, municipio en el eje vial entre Popayán y los municipios de Inzá, Belalcazar, Silvia y departamento del Huila. Los allegados de Yandi Camayo dijeron que tres hombres intimidaron y amarraron a sus hijos. el comunero fue herido al llegar a casa.
En ese año, la comunidad y guardias del resguardo de Paniquitá reaccionaron y los agresores dejaron abandonada una de sus motocicletas e intentaron huir a pie. Así se localizó al uniformado adscrito a la Policía de Jamundí, de acuerdo con lo expresado por la guardia indígena, en ese entonces.
La justicia indígena ha sido blanco de algunos cuestionamientos. De hecho, en 2005, un fiscal en Popayán calificó una "arbitrariedad" y una "injusticia" la detención de diez indígenas paeces, ocurrida en Jambaló, al tiempo que definió como una "peligrosa costumbre" la utilización de desmovilizados como informantes.
CALI