A la CIDH llegó el lío de edificios del capo Hélmer 'Pacho' Herrera: así va el proceso

Aquel expediente por extinción de dominio con el número 1665, cuyas hojas reflejan el paso de más de dos décadas sobre los bienes que llegó a tener Hélmer Herrera Buitrago, no ha dejado de retumbarle como la peor de sus pesadillas a la mayoría de quienes compraron los 198 apartamentos de dos conjuntos de edificios en el sur de Cali.

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En los archivos de la Fiscalía figuran estos inmuebles de los condominios Alquería B y C, pero más allá de esas páginas que dejaron en evidencia hace más de 20 años la dudosa existencia de una inmobiliaria, la UMV, que empezó todo este lío, está latente el drama de un centenar de hogares que han repetido a lo largo de todo este tiempo que no son testaferros de ‘Pacho’ Herrera.

Esta afirmación la han mantenido, mientras han visto crecer a sus hijos y morir a sus mismos seres queridos y hasta algunos de estos propietarios que llegaron a mostrar escrituras en mano con certificados de tradición. 

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Herrera era el capo que se entregó a las autoridades en 1996, siendo asesinado dos años después, el 5 de noviembre de ese 1998, cuando se encontraba tras las rejas en la cárcel de Palmira por un sicario del cartel del norte del Valle que le declaró una guerra sin cuartel por orden de Wílber Varela, alias Jabón.

Hoy, este lío ha pasado por estrados judiciales en estos 20 años (está en este momento en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, pero aún no hay una decisión desde 2018) y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronunció el año pasado para que el litigio avance y se analicen nuevas pruebas.

Sin embargo, de acuerdo con el gerente regional Suroccidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Luis Mejía, la entidad que istra los bienes incautados al narcotráfico, en todo el país, estos conjuntos son parte de los más de 3.500 inmuebles, solo en Cali, en procesos de extinción de dominio y algunos extintos.

Según el funcionario, se estima que en todo el Valle del Cauca, hay alrededor de 4.500 de más de 6.500 que toda la regional tiene a su cargo en este departamento, además de Cauca y Nariño. Solo el 10 por ciento está extinto, menos la Alquería, es decir, más de 4.000 están aún en esos procesos en toda la región.

Es así que en el último mes, funcionarios de la SAE hicieron una visita a estos condominios en el barrio Mayapán, donde los moradores de los apartamentos salieron a la calle con pancartas para impedir su ingreso, señalando que ellos compraron de buena fe, asegurando que cumplieron el respectivo proceso de adquisición de todo inmueble con documentos de notarías y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Y no es la primera vez que salen a protestar, cuando son sorprendidos por delegados de la SAE. Lo hicieron también en 2016, primero a través de una carta en la que expresaron que su clamor de ser escuchados llegó a la entonces Presidencia de la República, repitiendo que no hay un documento que demuestre que ellos le compraron a Herrera. También lo hicieron con pancartas en 2018.

La Alquería comprende los conjuntos de apartamentos que superan 140 metros cuadrados, los cuales, llegaron a ser ofrecidos para venta entre 2003 y 2004 a precios asequibles, entre 80 y 86 millones de pesos, algunos en obra negra.

No obstante, como lo manifestó el gerente de la regional Suroccidente a EL TIEMPO, la entidad está ejerciendo su función de istrar y de recuperar inmuebles que, como lo indicó, están generando pérdidas. Según el gerente Mejía, la istración de Alquería asumida por la SAE le cuesta al estamento entre 500 y 700 millones de pesos.

Al preguntarle sobre si se han buscado acercamientos para generar espacios de diálogo, el directivo respondió que sí, pero que no fueron posibles y por eso no dudó en afirmar que el nuevo paso inevitable será el de desalojo. Dijo que se necesita conocer en qué estado se encuentran estos inmuebles.

Pero ante ello se repite el llamado de familias por una salida y que el Juzgado Primero dé una decisión sin dilatar más este proceso y su angustia, como la de la abogada Míriam Salazar, quien manifestó ser cabeza de hogar, así como la de Marino Aragón, un jubilado de Puertos de Colombia; la del comerciante de tenis Jorge Hernández o de Víctor Longo. Todos ellos sostuvieron en una reciente reunión en Alquería con otros vecinos para ver qué alternativas tienen: “Estamos secuestrados desde hace 20 años”.

La abogada Salazar recordó ese 29 de junio de 2004, cuando supieron que sus predios habían sido vinculados al proceso 1665 de extinción de dominio. “Mi hijo tenía 6 años. Me llamó: ‘Mamá, se entró la guerrilla'”, comentó la señora Salazar. “Esto ha sido un desgaste. Hay daños psicológicos, de salud y económicos”, añadió la abogada y habitante de Alquería.

Otro vecino manifestó sobre un allanamiento que hubo después de saber sobre tal proceso de extinción, el 4 de julio de ese 2004: “Había francotiradores. Llegaron completamente armados. Hubo personas tan asustadas. Temblaban impresionadas, tratadas como delincuentes, acá lo que hay son familias de médicos, abogados, pensionados, odontólogos o amas de casa con sus hijos. Cada vez que se habla de que viene la SAE vuelven el miedo y la zozobra”.

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“Nosotros no compramos bajo cuerda. Se compró con ahorros de años de trabajo”, dijo Marino Aragón, de 82 años.

“¿Por qué no hubo medidas cautelares para los apartamentos, si la Fiscalía sabía quién era ‘Pacho’ Herrera desde los años 90 hasta que lo mataron en 1998? Luego de que murió pasaron seis años y nadie informó que había irregularidades, en ese momento. Compramos y se surtieron todos los requisitos de ir a una notaría, de sacar la escritura. Nadie decía nada. Ni en los certificados de tradición”, dijo otro de los moradores.

Víctor Longo, habitante de Alquería, dijo que además, hubo hasta préstamos con bancos, entidades que también revisaron la documentación. Él y otros moradores de los conjuntos manifestaron que es deber del Estado y no lo hizo, el de advertir a la ciudadanía sobre propiedades con problemas para no caer como incautos.

“Yo saqué tres certificados de tradición para estar seguro, como cuando se compra un carro y no apareció nada raro”, sostuvo el comerciante Hernández.

Todos ellos aseguraron que no pueden ni clavar una puntilla, ni vender y a muchos les cayó la roya porque sus apartamentos están en un laberinto. Aunque en octubre de 2004 hubo dos fallos, uno de 79 páginas y el otro de 745 folios, que apuntaban a que la pesadilla iba a terminar, en especial para 141 compradores, porque se declaró la improcedencia de la extinción de dominio y que habían reunido pruebas de que llegaron a esos apartamentos con sus ahorros, otro fiscal echó para atrás esa medida y dijo que sí había procedencia para que la extinción continuara.

En ese largo camino por estrados judiciales, hubo una acción de tutela de una familia que pedía a las autoridades no dejar pasar más años sin definir su situación.

Uno de los abogados de seis familias informó que no se pudo adelantar una acción popular porque no había medidas cautelares. 

No obstante, el gerente de la regional Suroccidente de la SAE insistió en que los procesos están documentados y que estas personas deben dar esas explicaciones a la Fiscalía. Reiteró que la SAE está cumpliendo con su deber de recuperar y istrar propiedades que vienen de negocios ilícitos.

Se trata del inmueble de 13 pisos en la carrera 3 con calle 12, en pleno centro de Cali, donde Herrera tenía su centro de operaciones. Es el Centro Financiero La Ermita que es istrado por el Estado desde hace 18 años. Pero la mitad de las instalaciones ha estado vacía y deteriorándose.

Por tal motivo, la SAE, tras un estudio de mercado busca alquilar esos pisos desocupados. El canon de arrendamiento para uno de los pisos oscilaría entre 9’420.000 y 10’180.000 pesos.

Este piso, de 637 metros cuadrados, ha sido ofertado a la alcaldía de Cali, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Superintendencia de Servicios Públicos y a un empresario. Pero la URT y la UNP pondrán sus oficinas en otros pisos que requerían menos inversión.

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Así como la SAE ofreció espacios de este edificio a entidades públicas, también lo ha hecho con otras propiedades del narcotráfico en Cali, entre ellas, un terreno de cuatro hectáreas con tres lotes y donde durante más de una década funcionó la llamada Carpa de la carrera 50 para conciertos y espectáculos, en el barrio El Lido, en el sur de la capital vallecaucana. Sin embargo, vecinos del sector llevan años quejándose e interponiendo demandas por el intenso ruido.

No obstante, recientemente, la SAE informó que el predio de la 50 será recuperado. El empresario Carlos Paz, quien tenía el manejo de la Carpa de la 50, dijo que no se tratará de un desalojo, sino de una entrega voluntaria.

De acuerdo con la SAE, "el dueño de la carpa fue notificado para la entrega voluntaria o el desalojo de dicho predio, proceso que se llevaría a cabo el próximo 14 de febrero. Posteriormente iniciaremos las acciones judiciales para cobrar 1.400 millones de pesos que se le adeudan a la SAE”.

Mientras los promotores y el empresario que ha organizado eventos en la carpa rechazan la medida, asegurando que se afecta el empleo a quienes viven de estas actividades, vecinos de conjuntos residenciales aledaños dijeron que ahora aspiran a tener tranquilidad. Han venido haciendo reclamos desde la alcaldía de Maurice Armitage, pasando luego a la del saliente Jorge Iván Ospina hasta ahora con el alcalde Alejandro Eder.

La decisión de la SAE provino de su Vicepresidencia Jurídica desde 2023. Pero, el pasado 31 de enero, en la entidad solicitaron el acompañamiento de las autoridades para cumplir con el desalojo en este mes.

“Este predio está en proceso de avalúo y lo esperamos comercializar este año, primeramente ofreciéndolo a entidades públicas que han mostrado interés para una venta directa y como segunda opción, a privados para venderlo a través de puja”, explicaron en la SAE.

Esta gestión comenzó el 11 de octubre del año pasado, en la SAE interpusieron un recurso de reposición, dirigido a la subdirección de Catastro municipal, bajo el radicado número 0234400411301, con el fin de que se programara la visita de inspección de cabida y linderos por esta oficina de la alcaldía de Cali. Según la SAE, se pretende el saneamiento que ha estado avanzando.

“El 20 de octubre y el 2 de noviembre del mismo año pasado, la subdirección de Catastro indicó que el oficio mencionado iba a ser resuelto en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011, bajo el Código de Procedimiento istrativo y de lo Contencioso istrativo”, se lee en un documento de la Sociedad.

También se señaló: “Informamos a la opinión pública que estamos estudiando las posibilidades jurídicas para dar por terminado el contrato del predio Carpa la 66 que pertenece al mismo dueño y que el anterior gobierno dejó amarrado, firmando un contrato de arrendamiento en el 2022 por 20 años”.

“Los predios en mención los estamos recuperando, porque es interés de la SAE comercializarlos para cumplir con las metas comerciales, además que tienen órdenes judiciales y múltiples denuncias por contaminación y afectación de la tranquilidad de los vecinos”, manifestaron en la SAE.

El alcalde de Cali busca impulsar proyectos estratégicos en predios que eran del narcotráfico y que ha venido istrando la SAE y uno de ellos es precisamente, el terreno donde funcionó la Carpa de la 50.

De acuerdo con el gerente comercial de la SAE, Santiago Castaño, este predio de tres lotes está en esa negociación que podría incluir un descuento del 40 por ciento del valor para la adquisición por parte de la Alcaldía.

El funcionario dijo que se habló de un plan de pagos y de otros predios. Además, también se planteó en esta negociación de este y otros terrenos, incluir propiedades a título gratuito por parte de la istración distrital.

El alcalde está atento, mientras que en la SAE indicaron que habrá mesas de trabajo.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI