Así fue la negociación de la gobernación del Valle para invertir en la compra de equipos antidrones contra los disidentes

Los habitantes de aquella vivienda donde la explosión por un dron dejó parte del techo de lámina con una rotura y daños en vidrios de ventanas, aún viven con temor de que les caiga otro de estos artefactos encima, en esa zona rural del corregimiento de Robles. 

Este atentado sucedió el pasado 24 de julio, a unos metros de la subestación de Policía de esta localidad, en la zona alta de Jamundí. Los disidentes del frente 'Jaime Martínez', de las Farc son señalados por las autoridades de estas ofensivas en zona rural y urbana de este municipio del sur del Valle del Cauca. 

El 23 de junio hubo un ataque con drones y desde uno de ellos fue lanzado un tatuco que causó heridas a tres soldados del Batallón de Infantería Número 8, adscritos a la Tercera Brigada. 

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Ellos también fueron atacados con disparos de fusil. En Jamundí, ya son más de 20 acciones terroristas en el año, algunos de ellos, con drones cuando se trata de detonar explosivos o con moto bombas, como sucedió el 20 de mayo y el 12 de junio en pleno casco urbano de Jamundí, dejando sin vida a Rafael González, quien murió 13 días después del atentado en un estado muy crítico y con amputación de su brazo derecho porque una bacteria le ganó la batalla en su lucha por la vida.

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El 17 de junio, explosivos lanzados desde drones dejaron cuatro heridos de la población civil, entre ellos, una mujer y una niña, de 2 años.

En la noche del 23 de julio pasado, un dron lanzó un explosivo en una cancha de fútbol del corregimiento El Plateado, en zona rural del municipio de Argelia, en el sur caucano. Allí murió un niño, de 10 años. Era el pequeño Dylan Erazo Yela, quien soñaba con ser ciclista, pero también le gustaba el fútbol. Cursaba quinto de primaria en la institución educativa Miguel Zapata. 

Es que los drones empezaron a ser utilizados por las disidencias de las Farc, luego de una reunión que en mayo del 2023 habrían sostenido 'Iván Mordisco' con los alias Calarcá, Danilo Alvizú y Antonio Medina en Cartagena del Chairá, en Caquetá. Desde allí se planeó el uso de estos dispositivos con ocho artefactos en un comienzo, a los que les adaptaron un lanzagranadas. Desde entonces empezó una ofensiva que cada vez más es utilizada por las disidencias en el Valle del Cauca y en el Cauca.

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Fue así que a finales de junio la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó a la opinión pública que había iniciado gestiones con la Policía Metropolitana de Cali y con la Tercera División y la Tercera Brigada para pensar en una adquisición de equipos que puedan inhabilitar las señales de los drones, utilizados por las disidencias.

“Ya estamos en ese proceso de que Ejército y la Policía vean cuál es el aparato tecnológico más idóneo para poder comprar y lo vamos a comprar nosotros por emergencia, porque, pues no podemos esperar a que nos lo compren del Ministerio, ahí sería como esperarnos quién sabe cuánto tiempo”, había sostenido la mandataria. “No podemos dejar que nos estén tirando granadas desde un dron y eso afectándonos nuestra población civil”, añadió.

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Debido a que es una tecnología que poco se ve en Colombia o inclusive, buscando la mejor efectividad, la gobernación del Valle empezó con una gama de posibilidades de entidades especializadas en la distribución de estos equipos para inhibir las señales de los drones, pero dentro de propuestas sugeridas por la misma Policía y el Ejército. 

Al tiempo, en la Gobernación empezaron a evaluar los recursos para hacer esa inversión. Según informes del departamento, existe el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), el cual, fue autorizado por el Gobierno Nacional para que todo municipio y departamento creara un fondo territorial, con el fin de recaudar los aportes y efectuar las inversiones, según lo establecido en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1998, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, artículo 6.

Los Fonset deben ser istrados como una cuenta especial sin personería jurídica y los istra el gobernador o los alcaldes, según el caso, quienes podrán delegar esta responsabilidad en el secretario de Gobierno o quien haga las veces de este funcionario.

Este Fonset en el Valle del Cauca se nutre de la tasa y contribución a la seguridad. Esta última recoge un porcentaje de recursos que dejan obras de infraestructura por parte de la misma Gobernación.  

La gobernadora Toro tiene en mente comprar una buena cantidad de antidrones. Por ahora hay cinco asegurados con una inversión de $ 3.500 millones que salieron de la contribución a la seguridad. 

Los cinco inhibidores manejan dos tecnologías de punta diferentes. Son dos tecnologías que son resultado de dos propuestas, una del Ejército y la segunda, de la Policía. La compra fue justamente accediendo a una propuesta del Ejército y otra de la Policía. Por eso, las dos tecnologías.

“Está muy clara la seguridad que vamos a dar con el aumento del pie de fuerza y con todas las otras estrategias que tenemos. Ahora tenemos una dificultad y es que están generando explosiones con el uso de drones. Por eso, desde la gobernación del Valle del Cauca adquirimos inhibidores de drones que estarán aquí en el país para prestar servicio a la Fuerza Pública y poder evitar accidentes”, afirmó la gobernadora del Valle. 

Toro dijo a EL TIEMPO que esta adquisición es parte de la estrategia de seguridad, avalada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que impulsa la COP16, la cumbre mundial de biodiversidad que se realizará entre el 21 de octubre y el primero de noviembre. 

La mandataria sostuvo que estos equipos son parte del incremento del pie de fuerza para la ciudad y el Valle, pero recalcó que no es solo por la COP16, pues el propósito es blindar a la capital del departamento antes, durante y después de esta conferencia. 

Anunció que los antidrones llegarían en unos 20 días, es decir, podrían arribar a finales de agosto próximo. 

Al tiempo, en las Fuerzas Militares informaron: "Con el objetivo de avanzar en la modernización de las diferentes herramientas que permitan a las tropas garantizar la seguridad, defensa y protección de la población civil (...) Ya están avanzadas las gestiones logísticas y istrativas para la adquisición de sistemas contra Aeronaves No Tripuladas (C-UAS) Antidrones".

Los drones de los disidentes son dispositivos que pueden medir medio metro de largo para recorrer distancias de 4, 10 o hasta 15 kilómetros. Los adaptan para poder lanzar granadas y otros artefactos explosivos.

Si fueran drones Reaper miden de 36 pies de largo y pueden alcanzar una altitud de hasta 50.000 pies con un alcance de 1.150 millas.

No obstante, los drones que los disidentes están utilizando son muy pequeños y pueden tener capacidad para llevar hasta tres explosivos con un peso de tres a cuatro kilos.

Este tipo de drones son los que se habrían utilizado contra la población de El Plateado y en Jamundí, en los últimos meses.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de ELTIEMPO

Cali