Noticia

Así era como operaba la red criminal que robaba tierras en el Atlántico: se apoderaron de terrenos de colegios

•Predios por $22.000 millones fueron fraccionados y vendidos tras falsificar documentos y omitir revisiones.

•Megacolegio, jardines y parques quedaron en manos de particulares, afectando a más de 1.800 familias.

La Policía entregó detalles del operativo que permitió desarticular la red de invasores de tierra. Foto: Policía

Link

Leonardo Herrera Delgans

PERIODISTA15.04.2025 12:20 Actualizado: 15.04.2025 12:23

Comentar

La Policía Metropolitana de Barranquilla reveló detalles impactantes sobre una operación judicial de gran envergadura que destapó una red criminal dedicada al despojo y comercialización ilegal de tierras públicas en Barranquilla y su área metropolitana.

(Además: Desmantelan red de ocupación ilegal de tierras en Barranquilla y Atlántico: hay servidores público implicados)

Este lunes se confirmó la captura de 17 personas vinculadas con el escándalo, entre ellas varios servidores públicos de alto nivel, señalados de participar activamente en un entramado de corrupción y falsificación documental que facilitó la apropiación fraudulenta de predios destinados a infraestructura social.

Según lo reportado por la Fiscalía General de la Nación, esta operación constituye el primer caso de esta magnitud en el departamento del Atlántico en el que se evidencia una estructura delictiva sistemática dentro de instituciones del Estado. Entre los detenidos figuran registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, un notario, un calificador de instrumentos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad, quienes actuaban en coordinación para legitimar la apropiación irregular de terrenos.

La investigación, liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la Fiscalía, se desarrolló a lo largo de cuatro líneas estratégicas que les permitieron develar cómo esta red actuaba a través de la omisión deliberada de controles legales.

El modus operandi consistía en ignorar la revisión jurídica y documental de los predios, para así otorgarles una apariencia de legalidad. Posteriormente, los terrenos eran fraccionados y vendidos a terceros que, en muchos casos, actuaban de buena fe sin conocer el origen ilícito de las tierras

Yesid PeñaComandante de la Regional Ocho de la Policía Nacional

Terrenos de colegios y parques no se salvaron

Entre los predios afectados figura un terreno destinado a la construcción de un megacolegio, el cual fue desviado a manos de particulares y comercializado de forma ilegal en lotes con un valor aproximado de 50 millones de pesos cada uno.

El avaluó comercial total de los predios comprometidos asciende a 22 mil millones de pesos, con una extensión de cerca de 277.000 metros cuadrados.

Los registradores involucrados habrían facilitado la expedición de matrículas inmobiliarias y el desbloqueo de resoluciones sobre predios de dudosa posesión. A su vez, los notarios permitieron la protocolización de escrituras sin verificar el pago de impuestos ni la legalidad de los registros catastrales.

“El calificador jurídico omitió su deber de revisión de los documentos presentados para el registro. Por su parte, los inspectores de Policía habrían emitido amparos policivos a favor de los usurpadores, permitiendo la ocupación indebida de los terrenos”, señala una comunicación de la Policía.

Este caso también afectó a diferentes constructoras que habían planeado desarrollar proyectos urbanísticos, como jardines infantiles y parques, en zonas destinadas para uso público.

Entre las actuaciones más graves se destacan las siguientes:

Registradores de Instrumentos Públicos: facilitaron la creación de matrículas inmobiliarias fraudulentas, el desbloqueo de resoluciones judiciales y el reloteo de predios de dudosa procedencia.
Notarios: permitieron la protocolización de escrituras sin verificar el pago de impuestos, ni revisar registros catastrales ni antecedentes legales.
El Calificador Jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos: omitió su deber de revisar la legalidad de los documentos antes de su inscripción.
Inspectores de Policía: emitieron amparos policivos a favor de usurpadores y tramitadores corruptos, permitiéndoles ocupar terrenos de forma indebida bajo la fachada de querellas legales.

(Lea: Gran Malecón del sur, obra bandera de Char, cuestionada por inundación en Barranquilla: expertos explican qué falló)

Esta red no solo afectó el patrimonio público, sino también proyectos urbanísticos que incluían jardines infantiles, parques y centros comunitarios. Varias constructoras que habían previsto desarrollar obras de interés social en las zonas afectadas quedaron atrapadas en una maraña legal. Además, se estima que al menos 1.800 familias residentes fueron perjudicadas por el caos jurídico y social provocado por estas prácticas fraudulentas.

Capturados vinculados al caso:

Luis Martínez – Tramitador.
Inés Salas – Agente corruptora.
Iván Páez – Registrador de Soledad.
Rafael Bossio – Abogado.
Andrés Díaz – Jurídico de la Alcaldía de Soledad.
Marlon Mora – Inspector de Policía.
Ismael Cárcamo – Agente corruptor.
Juan Ucrós – Exregistrador de Soledad.
Neissy Cantillo – Exinspectora de Policía.
Alex Ahumada – Abogado.
Wilmar Machuca – Poseedor irregular.
José Pacheco – Calificador de Instrumentos Públicos.
David De Castro – Exregistrador.
Francisco Mejía – Notario de Santo Tomás.
José Peñaloza – Poseedor irregular.
Roque Lugo – Testigo falso.
José Márquez – Abogado.

Las autoridades subrayaron que esta es solo la primera fase de un proceso más amplio y complejo. La Fiscalía y la Policía Nacional advirtieron que continuarán las investigaciones para identificar y judicializar a todos los involucrados en este entramado delictivo que ha vulnerado los intereses del Estado, impactado a miles de ciudadanos y puesto en evidencia los profundos vacíos de control en la istración pública local.

Este escándalo deja al descubierto la urgente necesidad de reforzar los sistemas de control institucional y de fortalecer la vigilancia ciudadana sobre la gestión del suelo y el uso del espacio público en las zonas urbanas. Las víctimas, la ciudad y la justicia claman por respuestas y, sobre todo, por la recuperación de lo perdido.