Gobierno desautoriza creación de comandos contra crimen de migrantes

En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa la capital, la alcaldesa Claudia López añadió un ingrediente que le ha costado fuertes críticas: relacionar la población migrante con el crimen de la ciudad.

López, en la mañana, había anunciado dos medidas. Una que apoyaba las acciones que viene adelantando Migración Colombia con el Estatuto de Protección a Migrantes a través del prerregistro virtual; registro biométrico y entrega de documento de identificación; y la otra, que causó resistencia por varios sectores de la sociedad, la creación de un comando especial de la Policía para combatir estructuras criminales que involucren a migrantes.

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No obstante, a pesar de que Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, había estado en el Consejo de Seguridad Distrital donde se discutieron estas medidas, después de una reunión que sostuvo con Iván Duque, presidente de la República, indicó que la creación de estos comandos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente.

“En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo d e mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes”, indicó el funcionario, y agregó que en asuntos migratorios se ha avanzado en procesos de identificación de presuntos responsables.

Por esto, la apuesta seguirá siendo el enfoque de la primera medida, con la cual se han registrado más de 1,1 millones de venezolanos a nivel nacional.

López sostuvo que este proceso le permitiría a la población migrante acceder a beneficios de empleo o desarrollo económico que hay en la ciudad. Pero, además de esto, el Distrito buscaba judicializar o expulsar del país a extranjeros que cometan delitos.

Espinosa sostuvo que en los casos de criminalidad, la posición del Gobierno Nacional seguirá siendo la no deportación. “Una persona que comete un delito es alguien que debe ser objeto de judicializacion”, dijo.

Nastassja Rojas, investigadora en migración, menciona que desde el discurso se debe fomentar la construcción de confianza para que migrantes se acojan a este tipo de procesos institucionales.

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“Al hacer su proceso de registro se genera confianza, ellos sienten que son bienvenidos y cuando hay derechos se entienden que hay deberes”, explica.

Herramientas de registro e identificación son valiosas en términos de inclusión. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, manifiesta que el dar este reconocimiento y respaldo es importante siempre y cuando traiga consigo un proceso de socialización, donde sea adoptado por todos los sectores desde a servicios y bienes públicos hasta relaciones con el sector privado en el trabajo o procesos con entidades bancarias.

Rodríguez afirma que esta identificación le permitiría a la población migrante vulnerable solicitar apoyos del Estado. “No es que se le vaya a dar más que a un colombiano. Se le va a dar a la educación pública, lo cual es un derecho de un niño, niña o adolescente”, sostiene e indica que ese gasto social se verá reflejado en la sociedad colombiana en el mediano y largo plazo cuando esta población apueste por mejoras en la construcción de país.

Los anuncios del Distrito volvieron a abrir la pregunta sobre los impactos de la población migrante en la inseguridad de la ciudad. Para analistas no hay certezas sobre esto y consideran que se podría caer en estigmatización.

Jorge Mantilla, analista en temas de seguridad, dice que estas medidas no dan respuestas al fenómeno criminal, sino que pueden vulnerar a esta población.

“Puede que no sea la intención de la alcaldesa, pero sí es un efecto indirecto”, dice el experto, y agrega que la política en esta materia debería concentrarse en acciones de inteligencia e investigación judicial con impactos sobre zonas críticas asediadas por fenómenos delictivos.

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En esto concuerda Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento de Futuro Urbanos, quien considera que el crimen no debe estar asociado a la nacionalidad.

“El Distrito está en mora con que nos entregue el perfil delictivo de venezolanos. Cuáles son modalidades de hurto o proporción de migrantes en comparación con los locales”, dice.

Bogotá tiene identificados 340.711 migrantes venezolanos, el 20 por ciento de los que hay en Colombia. Según indicó el general Eliecér Camacho –comandante de la Policía de Bogotá–, en lo corrido de este año han sido capturadas 2.550 personas extranjeras por cometer delitos, de los cuales 165 han quedado con alguna medida de aseguramiento.

Al cierre de esta edición, el Distrito no se pronunció oficialmente sobre el futuro del comando que pretendía crear en su estrategia de seguridad.

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EL TIEMPO