Tierreros, los criminales tras 25.959 ocupaciones ilegales en Bogotá

Dos hechos asociados a los tierreros –delincuentes que se dedican a robar predios públicos, principalmente en zonas de riesgo, para lotearlos y venderlos a ciudadanos incautos– han ocupado la atención de las autoridades distritales en las últimas semanas.

Quizá el más sonado ha sido el de Altos de la Estancia, en zona periférica de la localidad de Ciudad Bolívar, donde desde el pasado 2 de mayo se empezó un proceso de desalojo de 350 cambuches que estos criminales habían construido y, posteriormente, vendido a al menos 66 familias.

“Casi el 60 por ciento de estas ocupaciones eran lonas con las cuales los tierreros lotean y empiezan a vender. Muchas de estas estaban desocupadas, y después de la intervención de la Fuerza Pública, muchas personas se fueron de manera voluntaria”, explicó en su momento Jaime Flórez, el en ese entonces alcalde local encargado de Ciudad Bolívar.

Sin embargo, decenas de personas humildes que cayeron en el engaño de los tierreros, que pagaron de buena fe con los ahorros de su vida un pedazo de tierra en el que esperaban construir su vivienda, se resistieron a los desalojos y se originaron violentos enfrentamientos, tanto que fue necesaria la presencia del Esmad.

Las imágenes de los desmanes, que se hicieron virales en redes sociales y que también fueron publicadas por medios de comunicación, obligaron a la istración Distrital a enviar al lugar el pasado 15 de mayo una delegación encabezada por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Ese día, Hugo Acero, secretario de Seguridad, en compañía de delegados de la Policía de Bogotá y de la Fiscalía, dio las primeras luces de lo que está ocurriendo en esta zona, y otras donde los tierreros tratan de apropiarse de lotes.

Explicó que estos delincuentes estarían asociados a exintegrantes del paramilitarismo que aprovechan estas invasiones para montar puntos de expendio de drogas y que, incluso, además de engañar a los compradores con documentos falsos, hay denuncias de abusos sexuales a mujeres y jóvenes.

“En este lugar desactivamos tres ollas de venta de drogas. Con este trabajo y otros que venimos haciendo con la Policía y Fiscalía se han iniciado procesos de investigación y hemos encontrado que no solo actúan aquí. Tenemos 5 o 6 invasiones que debemos atender y que corresponden a estructuras paramilitares”, afirmó el funcionario.

Según datos de la Secretaría de Hábitat –entidad que se encarga de realizar la identificación de ocupaciones ilegales en la ciudad, y que notifica de esto a las alcaldías locales para que procedan con su recuperación–, solo en Ciudad Bolívar hay 40 polígonos de monitoreo conformados por 638 hectáreas, espacio en el que hay 12.261 ocupaciones, lo que representa el 47 por ciento de la ciudad.

En Bogotá hay 25.959 invasiones informales ubicadas en 15 de las 20 localidades de la ciudad. Aparte de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Usaquén y Rafael Uribe Uribe son donde más se reportan estas ocupaciones. Justamente, en el suroriente de la ciudad ocurrió el otro hecho que ha marcado la intensificación de las acciones de estos delincuentes, ya que el parque Entrenubes, pulmón de la capital del país, ha sido objeto de intentos de invasión que, pese a la acción de las autoridades, dejó esta semana un lamentable balance.

La Secretaría de Ambiente informó que 18 hectáreas de bosque nativo de esta zona fueron incineradas, específicamente se afectó el sector conocido como la Esmeralda-Cuchilla del Gavilán, un polígono del parque ecológico Entrenubes que hace parte de la cordillera oriental de los Andes. Los tierreros, que buscaban abrirle paso a la construcción de cambuches, también arrasaron con 80.000 árboles.

Lo que ocurrió en este lugar fue que el pasado 31 de mayo llegaron en buses cerca de 500 personas, con materiales de construcción, para levantar edificaciones rudimentarias.

Gracias al aviso de la comunidad, la policía llegó hasta el sitio y logró la captura de 9 personas, presuntos tierreros que al parecer lideraban esa invasión. Uno de los capturados era de nacionalidad venezolana, y fue deportado a su país.

“Los tierreros ofrecen ‘protección’ y suelo dentro de las áreas protegidas que son de todos los bogotanos. Ponen su vida en peligro mientras talan y queman nuestros recursos naturales”, señaló la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Las autoridades de seguridad han encontrado similitudes en los casos de invasión en zonas de riesgo en distintos puntos de la ciudad. Incluso, están avanzadas algunas investigaciones por parte de la Fiscalía que sugieren que los tierreros tendrían facilitadores en entidades públicas. Funcionarios y contratistas que tendrían que ver con temas asociados a la recuperación de predios en zonas de riesgo.

“Las instituciones de seguridad y justicia tienen varias líneas de investigación sobre personas vinculadas con estos ilícitos y al parecer hay involucrados algunos exfuncionarios, funcionarios activos y contratistas, y en este sentido la istración está en toda la disposición de entregar todo la información”, señaló Hugo Acero.

Justamente esta semana EL TIEMPO reveló el presunto rol que estaría cumpliendo una abogada, funcionaria de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, en los procesos de ocupación ilegal en esta localidad.

Una denuncia anónima, radicada el 27 de febrero pasado ante la corregidora del sector de Mochuelo, que ya tiene en su poder la Fiscalía, que es pieza clave en las indagaciones, sugiere que esta funcionaria, llamada Indira Caicedo Zuluaga, aprovecharía su cargo para facilitar este delito.

De hecho, según le confirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a este diario, dicha mujer fue retirada de todos los procesos asociados a recuperación de espacio público, se inició también una investigación interna, pero “que hasta que no haya un fallo hay que garantizar el debido proceso”.

“La Secretaría de Seguridad está acompañando la investigación. Esperamos prontos resultados. No tendremos ninguna contemplación con quienes abusen de su cargo para la corrupción”, concluyó Gómez.

Pero para concretar los engaños a los ciudadanos que compran los predios que son invadidos por tierreros haría falta una pieza clave. Al parecer, y según denuncias de la comunidad que tienen en su poder las autoridades, notarías autenticarían documentos que serían usados para dar una fachada de legalidad a las ventas de los predios.

EL TIEMPO tiene en su poder una promesa de compraventa autenticada por la Notaría 61 de un lote ubicado en lo que fue la antigua finca El Purgatorio, de 20.000 metros cuadrados aproximadamente, “cuyos linderos son: norte, con el recuerdo Alto; sur, con el barrio Santa Marta y Villa Paula; oriente, con la cantera Villa Paula, y occidente, con el barrio Santa Marta”.

Lo inquietante de esta promesa de compraventa es que en la circular 327 del 2015, la superintendente delegada para el Notariado les dice a los notarios del círculo de Bogotá que, debido al fenómeno de ocupaciones ilegales que está tomando fuerza en la capital del país, tienen que, “con el objeto de prevenir, impedir y sancionar los actos de ocupación y enajenación ilegal”, tomar algunas prevenciones, como “verificar los inmuebles ubicados en los polígonos de monitoreo, para evitar protocolizar escrituras o autenticar documentos como promesas de compraventa”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, y el director de la Caja de Vivienda Popular, Juan Carlos López, hicieron entrega el pasado 4 de junio de 21 viviendas en el sector de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar.

“Estas familias vivían en zonas de alto riesgo por remoción en masa o desbordamiento de quebrada como Altos de la Estancia, Arboleda Santa Teresita, Alta Loma, el Mirador, Caracolí, Quebrada Limas y Guacamayas”.

Además de esto, cerca de 115 familias de Altos de la Estancia recibieron un bono de 230.000 pesos para cambiarlos por alimentos en panaderías, supermercados o restaurantes. “El trabajo articulado de las entidades permite generar confianza en las familias vulnerables de este sector de la ciudad”, explicaron desde el Distrito.

ÓSCAR MURILLO

EL TIEMPO

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