¿Puede el presidente Petro romper la autonomía territorial de Bogotá?: estas son las veces que la Nación lo ha intentado

Particularmente, esta última agarró por sorpresa a la ciudad, pues se suponía que durante la reunión celebrada entre el alcalde Galán y el superintendente Luis Carlos Leal, el 29 de abril de este año, se había llegado a acuerdos para mejorar el sistema de salud de la ciudad sin necesidad de intervenciones.

Pese a la voluntad de cooperación de ambas partes que quedó registrada en un comunicado que se emitió tanto por la Alcaldía como por la Superintendencia ese mismo día; ayer, el superintendente Leal afirmó en un video que lo que la entidad de vigilancia había acordado con el alcalde Galán era “un acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de salud”, pero que ante las irregularidades que se habían detectado en la subred “era imposible que la Superintendencia no haga absolutamente nada y mire para otro lado”.

Las decisiones y declaraciones inesperadas del Gobierno Nacional generaron una tormenta en diferentes sectores políticos y el alcalde Galán se pronunció diciendo que aunque el distrito respeta la competencia de la Nación sí le preocupa que hay decisiones que “en algunos casos pueden afectar o, incluso, minar la autonomía territorial de la ciudad”.

Y aunque la istración Galán reconoce que la Subred Centro Oriente está atravesando por serias dificultades, que vienen desde istraciones pasadas, también señalaron que se habían establecido planes de mejoramiento que fueron compartidos oportunamente con la Superintendencia y que desde el 3 de mayo se compartió un listado de acciones a tomar, “del que no hemos recibido ningún comentario (…) por eso nos sorprende la intervención”.

La pregunta que surge aquí es si de verdad el presidente Petro y su gobierno pueden “minar” la autonomía territorial de la ciudad, como afirmó el alcalde Galán. EL TIEMPO consultó a expertos analistas políticos, quienes afirmaron que lo que está haciendo el gobierno Petro es “un intento deliberado y abierto de entorpecer los planes del Distrito”.

Y es que lo que preocupa de todo esto no es en esencia la intervención de la subred, sino que precisamente esta no ha sido la primera vez, desde que comenzó la era Petro, en la que la Nación ha intentado interferir en decisiones de la capital del país.

Carlos Arias, analista en comunicación política de la Universidad Javeriana, señaló que sí es evidente que el presidente quiere minar la autonomía de la ciudad y que no es solo una advertencia de la alcaldía, sino un hecho que se ha dado de manera explícita.

“Lo que el presidente está haciendo es un ejercicio de control excesivo y nunca antes visto en varios temas (…) lo que está haciendo es omitir los acuerdos y planes de mejoramiento que están inscritos dentro de la función pública, porque cuando una entidad de control requiere a un organismo, antes de entrar a la sanción se pide un plan de mejoramiento y ellos se están saltando ese conducto”, explicó Arias.

Otro caso, que tampoco fue visto con buenos ojos por los analistas y que sumó a la lista de choques entre Bogotá y la Nación, fue la decisión que se conoció está semana, proferida desde el Ministerio de Ambiente, en la que se le impusieron medidas de protección a los humedales de Bogotá Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque, porque se encontró que “obras de endurecimiento que no tuvieron en cuenta el plan de manejo de los cuerpos de agua estaría afectando las dinámicas naturales de los mismos”.

Esto, traducido, señala que el Ministerio le puso freno a las obras civiles que la alcaldía está desarrollando en Juan Amarillo y que, en el caso de Córdoba y Jaboque donde las obras ya fueron finalizadas, no se podrá volver a hacer ninguna intervención.

Frente a esto, el alcalde Galán también se pronunció. “El anuncio hecho por la ministra Susana Muhamad de suspender tres proyectos de la Empresa de Acueducto de Bogotá representa una clara extralimitación de las competencias del Gobierno Nacional”, además dejó en claro que la autoridad ambiental en Bogotá es la Secretaría de Ambiente.

Aunque para los expertos estas situaciones son anómalas, reconocen que el presidente sí puede intervenir. “El primer mandatario sí tiene esa potestad porque las superintendencias hacen vigilancia y control sobre los sectores y en esa medida pueden intervenir a nivel nacional. Pero lo que pasa aquí es que están excediendo no solo lo que está acostumbrado en los protocolos, sino que están ejerciendo una presión excesiva sobre Bogotá”, enfatizó Arias.

Pero la situación no para ahí. En medio de la crisis que afronta Bogotá por la falta de agua y la sequía, el 28 de abril la Superintendencia de Servicios Públicos anunció la intervención de “inspección y vigilancia detallada a los servicios prestados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá” que se sumó a las mesas de trabajo que ya se habían iniciado por el ente de control desde el 22 de diciembre de 2023 por causa de la coloración del agua potable.

Ante la seguidilla de decisiones sobre Bogotá, Galán le dijo a la Nación que le solicitaba respeto por la gestión de Bogotá y “la oportunidad de resolver nuestros problemas de manera independiente, porque no puede ser que el Gobierno Nacional no está de acuerdo con las políticas distritales busque desconocer la autonomía territorial de Bogotá”.

Ómar Oróstegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de la Sabana (GobLab) explicó que aunque a diferencia de otros municipios Bogotá tiene un estatuto orgánico que, en teoría, le permite más autonomía; lo cierto es que la Nación desde las herramientas legales que tiene en los ministerios y entidades descentralizadas “puede llegar a intervenir con sanciones, recortes presupuestales y ajustes normativos el proceso de política pública del distrito”.

Oróstegui advierte que la clave para entender este momento de tensión entre Bogotá y la Nación está en poder determinar cuál es el verdadero alcance de las medidas tomadas, teniendo en cuenta que este tipo de intervenciones están creando un desbalance no solo en las decisiones de la capital, sino un conflicto de competencias entre los entes de control del ministerio público de orden distrital y los del orden central nacional.  

Estos tres momentos que fragmentan la relación entre Bogotá y la Nación, y que ocurrieron durante la última semana, son solo una muestra de lo que ha venido pasando incluso desde el final de la istración de la exalcaldesa Claudia López.

En ese entonces, el presidente Petro intentó frenar las obras de la primera línea del metro solicitando nuevos estudios y análisis para poder soterrar un tramo del trazado. Disputa que aún no se ha dirimido y que sigue sonando de vez en tanto mientras las obras avanzan y ya completan más del 31 por ciento de ejecución.

Otro de los momentos álgidos de esta turbulenta se dio cuando, en plena época de elecciones territoriales en las que competían Galán y Gustavo Bolívar (candidato del presidente), el Gobierno Nacional inició una gira por las localidades de Bogotá bajo el programa Gobierno en los Barrios en el que visitó Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy.

En esa oportunidad se reunió en un consejo de seguridad con la alcaldesa Claudia López a quien le dijo que desde el Gobierno Nacional no le recibirían el complejo judicial de justicia restaurativa juvenil Campo Verde, porque no estaba alineado con sus políticas de criminalidad juvenil. Una semana después, desde la dirección del ICBF le comunicaron a la alcaldía de forma oficial esta directriz presidencial.

Así como estos, hay otros temas como la extensión de la avenida Boyacá, la construcción de la Ciudadela Educativa de Suba, las líneas de Regiotram y la Región Metropolitana en los que el gobierno del presidente Petro intentó interponerse, en algunos casos, sin éxito alguno.

Frente a los hechos pasados y los más recientes, el consultor y analista político Jairo Libreros, explicó que lo que ha venido haciendo el presidente Petro desde que asumió la presidencia es implementar dos mecanismos “inconstitucionales y perversos” para minar la autoridad territorial de Bogotá.

Por un lado, señala el analista, el presidente puede obstruir la cooperación armónica entre la nación y el distrito en el sentido de hacer más lentos los procesos de ajuste de políticas públicas y la financiación no solo de lo que ya está comprometido sino el inicio de nuevos proyectos que han sido tramitados bajo la legalidad.

Mientras que, por otro lado, ha empezado a sabotear la gestión pública del distrito,
 imponiendo mayores requisitos y estableciendo políticas públicas para ser implementadas en Bogotá sin ser consultadas con el alcalde y con el plan de gobierno.

Pero para los analistas el tema de las “revanchas” con Bogotá es aún más profundo que las meras sanciones y bloqueos que el presidente y su gobierno puedan imponer a la capital. Pues, según Libreros, lo que podría buscar Petro es usar las acciones en contra de Bogotá como una especie de “castigo ejemplarizante” para otras entidades territoriales.

“El propósito de Petro es claro, afectar la gestión pública y minar la autonomía y si esto hace con Bogotá ya podemos ver lo que pasa con otras entidades territoriales (…) si pasa en Bogotá de ahí para abajo puede pasar con cualquier otra entidad territorial, eso no lo pongamos en duda”, anotó.

Gonzalo Araujo, fundador de la firma de relacionamiento estratégico y asuntos de gobierno Orza, no está lejos de esta visión, pues dice que hay que recordar que los municipios de tercera a sexta categoría dependen en un 70 por ciento de los giros de la nación, “entonces si el presidente dice A, pues se hace A, porque controla el flujo de recursos a las regiones”.

Araujo explicó que este comportamiento inusual de la Nación con Bogotá también podría tener tintes electorales.

Bajo esta visión, el presidente Petro “le habla constantemente a su base electoral en Bogotá y eso quiere decir que desconoce que hay una autoridad istrativa y política en cabeza del alcalde y esto no solo pasa en la ciudad, sino en general en la región”.

Según este analista, la premisa del gobierno Petro ha sido que él, al ser la máxima autoridad istrativa del país puede tomar decisiones no solo de orden nacional, sino también regional, “la mejor prueba de esto fue cuando se gastó la plata de la ANI para contratar nuevos estudios del metro de Bogotá y luego hizo una alocución presidencial en ese frente”

Entonces, según esto, lo que hay detrás de los movimientos del presidente Petro es una clase de estrategia de la casa de Nariño en la que le hablan de frente a la base electoral del “presidente de Bogotá” que en algún momento fue importante para él electoral y políticamente hablando.

Sobre este punto, el analista Carlos Arias también coincidió. “Gustavo Petro sabe lo importante que es Bogotá en términos electorales y en la medida en que al alcalde o a la ciudad les vaya bien sin él y que las gestiones y políticas públicas se vean sin ser determinadas por su gestión va a perder su caudal electoral”.

Finalmente, dicen los analistas, que los caminos que le quedan al alcalde Galán es aprender a jugar en la misma cancha que está jugando el presidente de la República y apelar a la base electoral que lo llevó al poder.

“Uno en política debe aprender a jugar en la cancha que le pintan y aquí la cancha está desnivelada porque el presidente pintó una cancha con unos implementos y la alcaldía está jugando un juego en una cancha distinta (…) el alcalde tiene que apelar a su base electoral que está en Kennedy y Suba y en el centro y la derecha, eso mismo es lo que está haciendo el presidente”, finalizó Araujo.

​JONATHAN TORO ROMERO
​REDACCIÓN BOGOTÁ
​EL TIEMPO