Esta fue la mentira de una mujer que puso en riesgo a Bogotá

En mayo de 2021 Bogotá vivía un estallido social sin precedentes. Confluían los pedidos legítimos de varias poblaciones afectadas por la pandemia y la pobreza y, a su vez, el accionar delictivo de grupos infiltrados que vandalizaron la ciudad.

Por aquella época uno de cada cuatro Centros de Atención Inmediata (CAI) había sido destruido o quemado y la ciudadanía clamaba no necesariamente el fin de las protestas, pero sí de la violencia en las calles. Cualquier incidente amenazaba con prender a la ciudad en llamas.

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Y, en ese contexto, el 17 de mayo de 2021, una mujer denunció que fue abusada sexualmente y que de la Policía Metropolitana de Bogotá eran los responsables. Aseguró que todo había ocurrido el día anterior. La contundencia del testimonió alertó a la fiscal que recibió el caso. De ser verdad, se podría convertir en la chispa para que la protesta se tornara más violenta.

Dijo que entre el 15 y el 16 de ese mes ella y una amiga disfrutaron de una fiesta con unos amigos y tomaron varias cervezas. También, que a eso de las 11 de la noche ella había salido del lugar sin ningún rumbo fijo.

En ese punto su relato fue aterrador. Contó que mientras caminaba por la calle observó que un grupo de migrantes venezolanos la estaba siguiendo. “Uno de ellos me abordó y me robó el celular. Luego llegaron unos policías motorizados. Yo comencé a llorar. Un policía me dijo que yo era una manifestante de las marchas y me obligó a irme al CAI con ellos”, afirmó en su denuncia.

Dijo también que, ante su negativa, un policía la cogió de la capota de su chaqueta. “Yo les preguntaba si eran policías, pero ellos solo se reían. Yo solo gritaba. Me decían que era una loca. Ellos iban en moto y a mí me iban arrastrando”. Luego su relato se fue haciendo más crudo.

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La joven aseguró en su denuncia que cuando llegó al CAI los policías la obligaron a quitarse la ropa con la excusa de verificar si tenía estupefacientes. “Me decían que las mujeres éramos muy mañosas”, dijo en su declaración.

Agregó que la hicieron poner contra la pared, que los policías comenzaron a tocar sus partes íntimas y que ella sintió que habían usado guantes. “Luego de haber abusado de mí, me pidieron que me vistiera, y me senté en un rincón a llorar. Una mujer policía se me acercó y me dijo que si quería denunciar ella me llevaba a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) más cercana”.

La joven relató que la llevaron a la URI de Molinos y que allí unos policías le preguntaron quiénes habían abusado de ella. “Yo les dije que no sabía, y ellos me dijeron cómo debía denunciar el caso el martes siguiente, es decir, el 18 de mayo de 2021”.

La supuesta víctima relató hechos aún más graves ante los médicos de la Subred de salud Sur Occidente. “El uniformado que me requisó expuso ante mí sus partes íntimas, se puso un preservativo y me tocó abusivamente. También me humillaron y me golpearon, sobre todo en el tobillo izquierdo”. Ante la gravedad de la denuncia, la Fiscalía procedió a recaudar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios, los actos urgentes. La denuncia se había filtrado en los medios y amenazaba con ser la mecha que le faltaba al de por sí álgido momento para explotar en algo peor.

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Lo primero que hicieron los investigadores del caso fue solicitar la base de datos de celular de la víctima, así como su historia clínica y el informe pericial de la clínica forense. Lo que se conoce como la anamnesis, el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes.

También recorrieron los lugares por donde la joven había asegurado circular el día de los hechos y entre el 9 y el 18 de mayo en la localidad de Usme.

Todo tenía que estar milimétricamente sustentado. De hecho, se realizó un registro de 31 imágenes fotográficas del lugar en donde la joven aseguró que habían ocurrido los hechos y allí se aplicaron luces forenses. Estas sirven para encontrar indicios en la escena de los hechos, como lo pueden ser huellas latentes y huellas de pisada, pelos y fibras, huellas de mordedura y algunas lesiones, fluidos biológicos, residuos de arma de fuego, entre otros.

A los policías del CAI de Santa Librada se les hizo un exhaustivo seguimiento. La trazabilidad de sus turnos de dos cuadrantes fue revisada. “También se pidieron las minutas de los días en cuestión”, dijo la fiscal del caso.

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Tras la investigación desplegada por parte del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación se pudo establecer que la víctima faltaba a la verdad.

La indagación permitió establecer dos aristas importantes: la primera es la dirigida a establecer si los hechos ocurrieron tal y como fue informado, y la segunda, si la presunta víctima estaba diciendo la verdad.

Mediante los videos revisados por los investigadores, tanto en el inmueble donde supuestamente ocurrieron los hechos, CAI Santa Librada, como en la URI no se estableció la presencia de la ciudadana denunciante en ningún momento.

Además, en los videos de las cámaras cercanas al lugar donde la denunciante estaba departiendo con sus amigos se observa que ella se acerca a unos motorizados, pero luego de hablar algo, se retira y toma un rumbo, y ellos, otro. “Con esta evidencia teníamos que lograr que ella dijera la verdad”, dijeron los investigadores.

El hecho denunciado nunca existió. Además, las lesiones que tenía la joven no eran consecuencia de los hechos narrados. “Ella inventó todo desconociendo el respeto a la istración de justicia, y por ende a los ciudadanos que sin ningún reparo tildo de violadores”, dijo el fiscal.

Los investigadores habían tenido que determinar la identidad de los presuntos autores de la agresión sexual a la que fue sometida, indagar sobre la presencia de policías adscritos al CAI Santa Librada, saber si estos se encontraban en el lugar el día y las horas en donde y cuando la joven dijo haber sido agredida.

Los investigadores recordaron que fue necesario revisar las comunicaciones de los uniformados adscritos al CAI, posiblemente involucrados. “Aunque estas pesquisas fueron avaladas por un juez y su impacto en sus hojas de vida fue borrado, hay una intromisión en su intimidad que por una mentira fue vulnerada”.

Todas las pruebas confirmaron que la mujer estaba mintiendo. “No quedó otra alternativa que archivar la actuación por inexistencia del hecho. La denunciante mintió, sus aseveraciones vagas y lacónicas fueron desmentidas”, dijo la fiscal.

“Este despacho fiscal ordenó la compulsa de copias a la denunciante por el delito de Falsa denuncia, o el que el competente determine, ante la unidad correspondiente de la Fiscalía General de la Nación”.

Ante la contundencia de las pruebas, la presunta víctima no tuvo otra opción que decir la verdad. “Mentí, y lo hice porque como me quedé en una reunión con amigos tenía miedo de tener problemas con mi madre, quien cuida de mi hija, y con mi novio, quien vive en Zipaquirá”.

CAROL MALAVER