Ante la posible modificación al proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), la Veeduría Distrital como ente de control advirtió sobre los riesgos económicos, jurídicos y técnicos en los cambios del modelo contratado por la Empresa Metro de Bogotá con el consorcio chino APCA Transmetro.
En ese contexto instó a las autoridades nacionales y distritales a que las decisiones a tomar sobre el Proyecto, no ocasione: detrimento patrimonial, aumento en el tiempo de construcción, incumplimiento del contrato, rechazo por parte de los financiadores del proyecto e incertidumbre en la seguridad jurídica en próximos contratos.
Para la Veeduría Distrital, en cabeza de Viviana Barberena Nisimblat, es fundamental que no exista pérdida de los recursos invertidos en los componentes de: estructuración del proyecto; estudios y diseños; avalúo, compra y demolición de predios; traslado de redes de servicios públicos, así como en las obras tales como: la adecuación del lote del patio-taller y el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas.
El ente de control dijo que el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá, cuenta hoy con la disponibilidad de más del 90% de los 1.427 predios requeridos, y que se han demolido ya más de 1.100 predios. En cuanto a la adecuación del terreno del patio-taller en la localidad de Bosa, la actividad alcanza un avance del 63%, mientras estudios y diseños de detalle, tienen un avance superior al 85%, y el traslado anticipado de redes de servicios públicos está por encima del 90% de lo requerido para la totalidad del proyecto.
Todas las inversiones de la fase previa del proyecto, que tiene proyectada su finalización el 30 de marzo del año en curso, sobrepasan los 1.4 billones de pesos.
Agregó la Veeduría Distrital que en el mes de diciembre de 2022, emitió una alerta preventiva por la variación en la TRM y su impacto en la contratación en el contexto macroeconómico para el año 2023, donde se alerta que no es favorable realizar modificaciones a este tipo de obras civiles.
Añadió que Bogotá está legalmente obligada a aportar como mínimo el 30% de los recursos del proyecto y en este contexto, cualquier modificación a estos topes, implica un trámite legislativo que va a generar afectaciones e incertidumbre en el cronograma establecido en el contrato.
Aconsejó tener cuidado en la toma de decisiones que puedan ocasionar incumplimiento del contrato. En este contexto, cabe resaltar que las eventuales adiciones presupuestales al contrato, derivadas de cualquier modificación, no podrán en ningún escenario, exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente contratado, situación a la que obliga el artículo 40 de la ley 80 de 1993.
Barberena dijo que se debe tener en cuenta que una eventual modificación al proyecto se deberá contar con la “No objeción” de los financiadores actuales, los cuales corresponden a entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco de Inversiones Europeo. De igual manera, este proceso no puede generar incertidumbre jurídica y contractual en las grandes obras públicas que se necesitan, específicamente, las futuras líneas de metro para Bogotá.
REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA DISTRITAL