Medida cautelar, nuevo obstáculo contra Lagos de Torca

El proyecto de desarrollo urbano en el norte de la ciudad denominado Lagos de Torca, recibió el pasado 13 de diciembre un duro revés con la decisión del juez cuarto istrativo del circuito judicial de Bogotá, (el mismo que abrió un incidente de desacato contra el secretario de Ambiente por intervenciones en humedales) de imponer una medida cautelar que prohíbe, hasta que se tome una decisión de fondo, cualquier intervención en la franja del corredor de la Autopista Norte, o zona AP-2.

Este ambicioso proyecto se ubica en áreas de Suba y Usaquén, y limita por el norte con el municipio de Chía, por el oriente con la reserva del bosque oriental, por el occidente con la reserva Thomas van der Hammen y por el sur con las calles 189, 191, 192, 193 y 183, y busca que allí lleguen a vivir entre 350.000 y 432.000 habitantes.

El juez consideró que los decretos 008 del 2017 y 049 del 2018, que reglamentaron este proyecto, no excluyeron la zona AP-2, pese a que se trataba de un área de reserva.

“El despacho puede concluir con meridiana claridad que, los lineamientos fijados para los nuevos desarrollos urbanos que se autorizaron por parte del Distrito Capital en la franja corredor de la autopista Norte coincidente con la zona AP-2, podrían generar una grave afectación al patrimonio natural de la zona”, se lee del auto.

Esta determinación surge en medio de una demanda de nulidad que interpuso la concejal María Fernanda Rojas, y que habría sido apoyada por María Mercedes Maldonado, quien fue designada como delegada de la próxima Alcaldía ante la CAR.

Aunque la medida cautelar no afecta todo el proyecto Lagos de Torca, sí lo hace a un tramo importante, el comprendido entre la calle 222 a la 235 e impacta tres de 34 planes parciales que tiene el proyecto.

Además, según explicaron en el Distrito, ya hay cerca de 1,7 billones de pesos en aportes representados en 138 hectáreas y 505 mil millones de pesos. También hay una fiducia con los recursos aprobados por privados.

Con el dinero que aportan los privados se espera restaurar, recuperar y convertir en un verdadero parque ecológico el humedal Torca Guaymaral y garantizar la conexión ecológica con nueve quebradas que hay en la zona. El proceso incluirá elevar el nivel de la autopista Norte en un tramo de 250 metros a la altura de la calle 224, para restablecer la conexión de este humedal.

Los desarrolladores de los proyectos de urbanización tendrán que aportar los recursos que se necesitan para construir vías, redes de servicios, equipamientos y la restauración ecológica de la zona, y deberán garantizarlo antes de obtener la aprobación de sus licencias. En principio el aporte se estima en cuatro billones de pesos, representados en dos billones en plata y dos en suelo.

En la Alcaldía de Bogotá anunciaron que apelarán la decisión del juez sobre este proyecto que incluso, según explicó en conversación con EL TIEMPO Adriana Córdoba, la secretaria de Planeación designada por Claudia López, “es uno de los mejores ejemplos de oportunidad para poder hacer un equilibrio en lo económico y en lo social y en lo ambiental”.

Para tratar de llegar a un acuerdo sobre esta disputa, el juez sugirió que haya puntos de concertación entre quienes están involucrados.

“Este operador judicial considera que debe procurarse puntos de concertación en las autoridades ambientales de diferente orden, por lo importante que es importante que los proyectos urbanísticos que se efectúen en una de las áreas protegidos allí creadas, cuenten con la intervención activa de las mismas”, se lee del fallo.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

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