Los abogados que dedican sus días a defender a perros y gatos en los tribunales

En Bogotá hay un grupo de abogados que dedican sus días a defender a las mascotas de diferentes situaciones de maltrato y abandono, y que incluso brinda asesoría en casos de divorcios. Se trata de diez jóvenes que trabajan en el Centro de Atención Jurídica para la Protección y Bienestar Animal (CAJPYBA) y que hoy son los guardianes de cientos de perros, gatos y otros animales domésticos.

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El Centro se creó en marzo de 2021 con el propósito de ofrecer apoyo jurídico integral a los ciudadanos en los casos relacionados con el bienestar y protección animal. Si bien, antes de que este despacho se creara, ya recibían casos y orientaban a decenas de cuidadores, no fue sino hasta que la resolución 032 se expidió que se establecieron como una unidad especial de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

“Ahora contamos con una asesoría especializada, antes solo se respondían peticiones escritas”, cuenta Yuly Patricia Castro, jefa de la oficina jurídica del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal y líder del equipo de trabajo del CAJPYBA.

Uno de los casos emblemáticos atendidos por el grupo de abogados es el de Daiclin Rodríguez, cuidadora de un perro al que la a del complejo de apartamentos en donde vive intentaba intimidar para que no sacara a su mascota.

“En el conjunto en el que vivo, a esa persona no le gustaban los animalitos y quería prohibir la tenencia de ellos. Yo estaba muy preocupada porque la verdad desconocía la ley y él le hacía ver a uno que al tener los perros la estaba infringiendo”, cuenta Rodríguez.

Ella se acercó al Centro de Atención Jurídica y allí le brindaron toda la asesoría y acompañamiento necesario para que su mascota no fuera rechazada.

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Todas las denuncias son recibidas por Sebastian Castillo, la persona encargada de filtrar los casos, de solicitar todos los datos de los cuidadores de los animales y de agendar las citas personalizadas. Justamente, uno de los puntos fuertes de este grupo es su atención.

“No enviamos respuesta a un problema jurídico por correo electrónico y con una cantidad de documentos, lo hacemos a través de una videollamada generando cercanía. De esas llamadas nos quedan los registros para el posterior estudio”, destaca y agrega que recibe casos de otras ciudades del país. “Únicamente podemos atender casos en Bogotá, pero como las leyes son a nivel nacional sí podemos hacer la asesoría”, cuenta.

Luego de analizar el caso, Sebastián lo remite a alguna de sus compañeras de oficina.

Los casos más graves son atendidos por Andrea Jimenez, abogada especialista en derecho penal, ciencias forenses y técnica probatoria, quien desde hace dos años trabaja para el Instituto de Protección Animal.

“La subdirección de atención a la fauna nos remite a los conceptos de maltrato o informes técnicos de hallazgos veterinarios, hacemos visitas de verificación de condiciones y si la Policía Nacional identifica animales en situación de maltrato, quedan en custodia de nosotros”, explica.

Junto con otra abogada, también se encarga de elaborar la denuncia con los elementos materiales probatorios para que sean presentados ante la Fiscalía por el ciudadano que solicita la asesoria. Luego, los juristas de la CAJPYBA se constituyen como representantes de víctimas en los casos en calidad de abogada del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

“En las audiencias de control de garantías inicia el trámite y pasa a jueces de conocimiento, donde ellos dan una pena si se logra demostrar la infracción”, agrega.

De hecho, Andrea ha sido testigo de casos terribles de violencia sexual. Recuerda haberse hecho cargo de un caso en donde una perra, llamada Luna, era abusada por su cuidador. “Los vecinos de los edificios aledaños lo grabaron y se pudo adelantar un proceso. Logramos que el tipo fuera condenado, pero en este momento se encuentra en proceso de preacuerdo con la Fiscalía y le podrían reducir la pena”, cuenta.

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Otro rol fundamental es el de Catalina Casas, quien es la encargada de asistir a las diligencias judiciales dentro de la ciudad y de manejar las segundas instancias. Al igual que todos los integrantes del equipo, también es animalista y hay casos que le generan enorme tristeza.

“Enfrentamos a un señor que maltrataba a su perrita. Llevamos todas las acciones legales pertinentes como instituto y finalmente este señor nos puso una contrademanda porque fue un caso que salió en medios de comunicación y supuestamente habíamos dañado su buena imagen y su buen nombre (...). Finalmente le devolvieron la perrita. No podíamos hacer nada, era una decisión de inspección de policía”, dice.

Denisse Suarez se encarga de los asuntos normativos, de la atención a ciudadanos y también apoyando temas de la construcción del procedimiento. “Una vez un perro mordió en el cuello a otro mientras el niño lo llevaba. Entonces el papá solicitaba, primero, herramientas jurídicas de cómo podía actuar y segundo, asistencia psicológica para su hijo. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar qué profesionales psicólogos teníamos y cómo podíamos interceder en ese caso y en futuros”, narra.

Pero la intención de este equipo va más allá de la atención de los casos. Buscan dejar huella en la ley colombiana. “No conozco una universidad que tenga una clase de derecho animal o alguna electiva. Eso hace que haya una ausencia de estudiantes que se están formando como abogados y que tengan conocimiento del tema (...). A nivel nacional la discusión de derecho animal se ha reducido a unas pocas voces”, dice Sergio Andrés Macana, pieza clave en la puesta en marcha del centro de atención.

Para ello, cuentan con un observatorio en protección y bienestar animal compuesto por filósofos, por personas expertas en bioética y economistas, entre otros. “Con ellos construimos conceptos muy robustos que han llegado hasta la Corte Constitucional”, dice Yuly, y agrega: “Queremos empezar a conceptuar para las altas cortes en protección y bienestar animal y poder generar doctrina”.

“De todas formas, debemos entender que aunque en Colombia no se puede decir ni asegurar que se reconoce a los animales como sujetos de derecho, sí son sujetos de especial protección constitucional y legal”, puntualiza la líder del equipo.

Para avanzar en este tema también han logrado convenios con consultorios jurídicos de cinco universidades de la ciudad: Los Libertadores, Republicana, Jorge Tadeo Lozano, Cooperativa de Colombia y Libre.

“Una de las apuestas a futuro del centro es poder hacer presencia en las 20 localidades y acercar esa justicia a la ciudadanía en pro de la protección animal”, concluye Yuly.

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Durante el primer año de funcionamiento del Centro de Atención Jurídica recibieron 237 peticiones, siendo octubre el mes con más casos: 45. En el último corte, que data del 31 de julio de 2022, se han registrado 172 solicitudes de atención. En total, el equipo ha atendido 409 hechos.

Según sus registros, la mayoría de casos están relacionados con la convivencia. “Conflictos vecinales en propiedad horizontal, asociados a la indebida prohibición de que los animales de compañía puedan transitar en zonas comunes, al ruido y a que los cuidadores dejan solos a los animales durante largos periodos del día”, cuenta Castro.

A estos hechos les siguen procesos por maltrato animal, incumplimiento a los términos establecidos en el contrato de adopción y conflictos en establecimientos veterinarios o de estética animal.

CAMILO A. CASTILLO