El negocio de las ‘mafias’ del espacio público que tiene acosados a los comerciantes de varios sectores de Bogotá

En Bogotá hay situaciones de las que muy poco se habla aunque ocurren de manera pública. Las llamadas "mafias” del espacio público son uno de estos temas que, aunque han sido evidentes por años, solo se han abordado como “alertas” y no como un problema serio que tiene presionados a los vendedores informales de la ciudad.

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Según el último diagnóstico realizado por la Defensoría del Espacio Público, este tipo de mafias u organizaciones que se han dedicado a estafar a comerciantes ambulantes con el cobro de “cuotas” para poder usar determinados metros de calle para trabajar son uno de los principales focos de inseguridad para los vendedores, y de paso, uno de los que más alienta el desorden en las calles comerciales de la ciudad.

De acuerdo con el último censo realizado por el Instituto para la Economía Social (Ipes) realizado en abril de 2023, en Bogotá hay cerca de 15.000 vendedores informales que, según la Defensoría del Espacio Público, están agrupados en su mayoría en Santa Fe, donde está el 15,56 por ciento; Kennedy, con 10 por ciento; Engativá, donde se ubica el 7,45 por ciento de esta población; también, en Chapinero, con el 7,14 por ciento y, finalmente, Bosa, donde están el 6,86 por ciento de los vendedores informales.

Pero, ¿cuál es el problema detrás de esto? Pues que bandas criminales le estarían cobrando sumas de dinero a los comerciantes informales por el uso del espacio público. Una situación que se asemeja al problema de los mal llamados “tierreros” en las localidades periféricas de la ciudad en el que se cobran altos montos de dinero por el derecho a construir o estar en un terreno que no le pertenece a nadie más que a la ciudad.

En su momento, la exconcejal Lucía Bastidas, quien hoy es la directora del Departamento istrativo de la Defensoría del Espacio Público, denunció que estos cobros irregulares oscilan entre 40.000 pesos y hasta los cinco millones y que en su mayoría están dirigidos a comerciantes que quieran “arrendar” esquinas o andenes.

En esa ocasión se pudo comprobar que había dos modalidades funcionando en la ciudad: una en la que se alquilaban espacios con carpa por un valor de cuatro millones de pesos y, otra, en la que era solo el uso del espacio público y el derecho a trabajar ahí por un cobro semanal de 120.000 pesos.

No obstante, EL TIEMPO habló con comerciantes informales de la localidad de Santa Fe donde está el epicentro comercial de la ciudad y encontró que algunos de estos han venido siendo “extorsionados”, como ellos mismos dicen, por mafias que los amenazan cuando llegan a trabar o instalar los puestos de ventas.

“Aquí han venido a pedirme plata para trabajar. A veces 5.000, y uno sabe que es algún desocupado, pero a veces piden 50.000 o 100.000 y llegan en motos a cobrarle a la gente y ahí ya uno sabe que es seria la cosa. Lo que más preocupa es que no son colombianos”, señaló una vendedora informal de la Plaza España que pidió reservar su identidad.

Como ella, al menos cinco comerciantes más le dijeron a este diario que han sido amenazados por negarse a pagar por el espacio público y que, además, esa no es la única modalidad delictiva que estaría rondando al comercio, por ejemplo, del centro de la ciudad.

“Cuando vienen a cobrar y uno no puede pagarles, ellos mismos ofrecen prestarle a uno la plata a intereses, somo como los gota a gota, entonces ellos prestan y eso va creciendo y creciendo hasta que ya uno no puede pagarlo y tiene que entregar la mercancía y de paso todo lo que tenga”, aseveró uno de los comerciantes.

En esa vía, Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá explicó que este es un fenómeno que sí existe y desde hace mucho. Además, señaló que el control y alquiler ilegal de espacio público es un negocio “muy rentable que puede llegar a tener la misma rentabilidad que los negocios formales presentes en esos lugares”.

Por su lado, Andrés Nieto, Director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad, señaló que esto tiene un trasfondo más grave que el mero mal uso de las calles de la ciudad.

Según el analista, el fenómeno de arriendo de espacio público ha ido mostrado estrechas relaciones con la dinámica de control territorial que algunas organizaciones delictivas están ejerciendo sobre las localidades de Bogotá. “Estas mafias resultaron inmersas o relacionadas con bandas delincuenciales que se dedicaban a la distribución de estupefacientes, venta de armas, la movilización de elementos hurtados y el desorden planeado en espacios para facilitar las acciones delictivas”, explicó.

Sin embargo, está no es la primera vez que se pone sobre la mesa el tema de las ‘mafias’ del espacio público. Desde la istración de Enrique Peñalosa entre 2018 y 2019 ya se había logrado regular nueve zonas de la ciudad en las que había que priorizar los temas de organización del espacio y en las que se había llegado a acuerdos reales con los implicados en la situación.

No obstante, luego de la pandemia y producto de los intentos por la recuperación económica y la migración masiva a la ciudad, el fenómeno se agudizó y empezó a tomar tintes delictivos.

En 2023, la istración de Claudia López, por medio del Ipes, reglamentó el aprovechamiento económico del espacio público, para que los comerciantes informales pagaran cuotas mínimas al distrito por el uso de los espacios y así mismo invertir en programas de desarrollo al comercio, capacitaciones, líneas de crédito y todos los requerimientos necesarios para mejorar las condciones de los informales.

Pese a ello, y debido a la diversidad de opiniones dentro de los comerciantes, la iniciativa todavía no ha despegado pues no se logró llegar a un acuerdo con las asociaciones de vendedores informales sobre la forma de implementación de la iniciativa, pues hay quienes dicen que no están de acuerdo con pagar, bien sea a la criminalidad o a la istración distrital.

JONATHAN TORO ROMERO 

REDACCIÓN BOGOTÁ