Aún quedan muchas dudas sobre lo que ocurrió el pasado 4 de septiembre en la estación de policía de San Mateo, del municipio de Soacha, cuando 11 personas privadas de la libertad que permanecían en el lugar sufrieron graves quemaduras en medio de un incendio ocasionado por ellos mismos, según información oficial.
Ocho de ellos fallecieron por las quemaduras: una en el lugar de los hechos y el resto en centros asistenciales de Soacha y Bogotá.
Sin embargo, pese a la penumbra que rodea este lamentable suceso, también hay certezas y el paso de los días desde que el concejal de Bogotá Diego Cancino revelara este hecho deja ver, entre otras, que en este sitio se estaban presentando algunos inconvenientes desde antes del incendio.
Los testimonios de familiares y lo dicho el jueves pasado por el alcalde de Soacha, Andrés Saldarriaga, sobre las críticas condiciones de hacinamiento en las estaciones de policía de su municipio evidencian que había un sobrecupo en la celda de dos por tres metros donde se originaron las llamas.
De hecho, un testimonio obtenido por CityNoticias demostraría que días antes del incidente se habían presentado denuncias de los vecinos sobre intentos de fuga y desmanes por una presunta falta de alimentos.
A las 11:30 de la mañana del fatídico día, los familiares de los detenidos que estaban en esa estación de policía se acercaron al lugar porque, según contaron, días antes se había acordado una visita de 10 minutos con cada uno de los internos. Sin embargo, este compromiso habría sido cancelado intempestivamente por los uniformados que custodiaban el lugar.
Esto originó el descontento y posteriormente los desmanes en la celda, que incluyó la quema de uno de los muchos colchones que estaban tirados en el piso. Las razones por las que esto ocurrió hacen parte de lo que tiene que aclarar la investigación.
A las 2 de la tarde se controló el fuego y los internos que resultaron heridos fueron sacados del sitio. Algunos vecinos prestaron sus extintores para ayudar a apagar el incendio que duró aproximadamente unos 30 minutos.
Casi cuatro horas después, a las 5:42 p. m., se conoció por medio de redes sociales que algunos policías y detenidos habían sido trasladados a centros de salud. Así lo reconoció a través de un mensaje en su cuenta de Twitter Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.
Incluso, en ese momento se informó sobre el fallecimiento de uno de los heridos, pero los datos quedaron en que los lesionados estaban en hospitales y se creyó que se había tratado de un caso más de amotinamiento, tan comunes en URI y estaciones de Bogotá.
El concejal de Bogotá Diego Cancino, quien reveló estos hechos, habla del
fallecimiento de nueve personas en su denuncia. No obstante, las autoridades confirmaron el fallecimiento de ocho de los 11 que permanecían en el lugar.
Las autoridades están avanzando en las investigaciones para determinar si lo ocurrido fue producto de una mala reacción de los uniformados que estaban en el lugar para atender la emergencia, o si hubo alguna acción de ellos que facilitó o aumentó la propagación de las llamas.
Esto último porque la familia de uno de los fallecidos manifestó que en el dictamen de medicina legal que recibió sobre las causas de la muerte, se habla de la presencia de gasolina. La investigación sobre este hecho debe determinar las razones por las que hay rastros de este combustible.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó esta semana lo ocurrido. “Es inisible. Esos pelados pudieron haber cometido una falta, un delito, pero sí se forma un incendio, el deber moral y público de los policías era salvarles la vida, sacarlos”, aseguró la alcaldesa en un encuentro con la Secretaría de Gobierno.
El mandatario de los soachunos, Andrés Saldarriaga, también le pidió a las autoridades competentes que avancen en las investigaciones.
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