¿Qué implica la destitución del director de la CAR Cundinamarca?

El futuro de la dirección de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) y la forma en que se hacen las cofinanciaciones de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) sobre el río Bogotá, son dos elementos que estarían en juego después de la decisión de la Procuraduría General, en primera instancia, de sancionar a Néstor Franco, director de la CAR.

En la noche del lunes, el Ministerio Público ordenó la destitución e inhabilidad de 10 años de Franco porque este había “violado el principio de planeación, como expresión de economía y de responsabilidad” en el proceso de construcción de la PTAR II de Chía.

Es decir que el convenio 1267 suscrito entre la CAR, la Empresa de Servicios Públicos de Chía, Emserchía, y la alcaldía del municipio no se encontraba en condiciones de ser firmado. Pero, a pesar de todo, se hizo.

EL TIEMPO tuvo al fallo en el que se estipula que “los diseños y estudios técnicos eran insuficientes, desactualizados e incompletos para cumplir con la finalidad del negocio”.

Los diseños bajo los cuales se firmó fueron entregados en 2011, el convenio se firmó en 2015 y las obras comenzaron en 2018. Así, la Procuraduría dice que “las variables de diseño en el año 2011 no eran utilizables en 2015 y menos aún en 2018”.

Ahora, lo que comenzó valiendo 35.000 millones de pesos terminó costando 62.876 millones. Otra de las consecuencias citadas es que el inicio de la obra se retrasó tres años.

Al tema de diferencia de costos, Franco respondió que “corresponde a la actualización de precios que se aplicó al diseño de 2011 para que se ajustara al 2018. Esto incorpora elementos que generan mayor tranquilidad para la operación del sistema”. Además, aseguró que el dinero faltante fue puesto por la CAR. Franco insiste en que su actuar responde al cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá.

En cuanto a los ajustes hechos aseguró que estos tenían que ver con cambio de norma relacionada con sismoresistencia y en la regulación del sistema eléctrico y de automatización de una planta. La proyección también tuvo que ajustarse de 15 a 30 años. 

Por ahora, el director continuará ejerciendo sus funciones mientras espera al 23 de mayo para formular y presentar su apelación. En segunda instancia se definiría el futuro de la dirección a la que él llegó en 2015.

Aunque aseguró que los proyectos que lleva la entidad continuarán, confesó una inquietud: “Tenemos una enorme preocupación por la suerte de la recuperación del Río Bogotá”, dijo a EL TIEMPO.

La CAR está cofinanciando más de 15 PTAR en Cundinamarca en un plan de descontaminación del río. Ahora, con el fallo, se cuestiona cómo se deben firmar los convenios.

“La PTAR Chía II no es el único proyecto cofinanciado donde se han hecho ajustes y rediseños en la fase previa a la ejecución. Otros más han tenido esa línea que, para nosotros, sigue siendo la más económicamente segura para garantizar una buena obra”, sostuvo Franco y agregó que estaba ‘ad portas’ de contratar las PTAR de Villapinzón, Suesca y Sopó bajo ese modelo de contrato en tres fases: la de ajustes y revisión, la de construcción y la de puesta en marcha

Explicó que pedirá al Tribunal de Cundinamarca que les “trace la línea para saber si puedo salir a firmar convenio así o si por el contrario, haciéndole caso a la tesis de la Procuraduría, debo primero contratar a alguien que haga la revisión y ajuste de diseños para posteriormente salir a firmar convenio de cofinanciación”.

En el fallo, el ente de control sostiene que en caso de que los contratistas hagan ajustes “los hechos que los motiven deben ser imponderables o imprevistos en la planeación del negocio jurídico”. No como sucedió en este caso en el que, según la Procuraduría, las “condiciones eran previsibles”. Por esto se habla de falta de planeación.

Por ahora, Franco dice encontrarse en una situación más que compleja: “Si no firmo convenios estaría enfrentado a fraude por incumplimiento a la Sentencia del río y si lo firmo estoy expuesto, según la Procuraduría, a ser destituido”.

Sin embargo, agregó que esperaría que se consulte el tema con las otras dos entidades implicadas en la firma del convenio. 

Precisamente, la Procuraduría también ordenó "compulsar copia de esta decisión a la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, para que evalúen y profieran la decisión que en derecho corresponda, respecto a iniciar actuación disciplinaria contra el alcalde del municipio de Chía y la gerente de la empresa EMSERCHIA ESP,".    

EL TIEMPO le consultó a Franco sobre el futuro de los procesos sobre la Reserva Thomas Van der Hammen. El director aseguró que estos continuarían y que, incluso, permanecía la invitación a la audiencia de participación ciudadana programada para el 16 de mayo.

Sandra Castro es la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Balsa, sector Las Juntas y una de las personas que lideró las demandas contra la PTAR II que se estaba construyendo a pocos metros de su vivienda. Asegura que hace más de un año habían denunciado irregularidades en la obra. Según ellos, se estaba haciendo sobre una zona inundable, con diseños incompletos, cambios en el presupuesto e irregularidades en la contratación.

“Se comenzó a construir sin contar con la comunidad. Esta zona es de tipo residencial campestre y nuestra calidad de vida puede cambiar drásticamente teniendo una PTAR en frente”, detalló Castro.

Le preocupa también que allí se tratará 70 por ciento de las aguas residuales de Chía.

Fernando King, ingeniero civil con maestría en ingeniería hidráulica y otro de los vecinos de la PTAR II, también criticó que la información sobre el proyecto no se entregó completa a la comunidad. También tiene dudas frente a que la obra se haya construido en una zona de riesgo sísmico y "sin una planeación concreta de acueducto". 

Luis Alberto Correa, veedor ciudadano, por su parte, apuntó que lo que sucedió es "muestra de que no se entiende la gestión ambiental como un proceso. No se revisaron los impactos en El Cacique -el primer lugar donde iba a ser ubicada la PTAR- y mucho menos se pensaron en La Juntas". 

Ahora, la Procuraduría no cuestionó la ubicación de la planta y la CAR aseguró que esto ya no tenía lugar a discusión. La PTAR seguirá construyéndose a orillas del río Bogotá. Las obras, actualmente, están a más del 50 % de avance y, de acuerdo con Franco, se espera verla operar entre agosto y septiembre.

ANA PUENTES

BOGOTÁ