Estos son los polémicos contratistas tras obras de valorización abandonadas en Bogotá

¿Qué está pasando con las obras de valorización? Es la pregunta que se ha venido formulando desde el año pasado en el Concejo, pues en un lustro solo se ha terminado uno de los 16 proyectos acordados en 2018 y que superan los 900.000 millones de pesos.

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La única obra que se ha ejecutado en un 100 por ciento del Acuerdo 724 de 2018 es el ciclopuente Canal Molinos, ubicado entre la carrera 9.ª y la autopista Norte, con un valor de 18.000 millones de pesos.

Aunque la mayoría de las otras 15 obras presentan retrasos, dos de ellas han causado principal preocupación debido a que tuvieron problemas, ya sea en sus diseños o en su construcción. Es el caso del puente peatonal en la carrera 9.ª con calle 112 y de las aceras de las calles 73, 79B y 85. En estas, los bogotanos han invertido más de 6.000 millones. ¿Cuáles son los contratistas detrás de estos proyectos?

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Esta obra fue contratada en 2020 y se detuvo en mayo pasado, con apenas un 36 por ciento de ejecución. Ante el poco avance, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) declaró la caducidad del contrato.

De acuerdo con la concejal Marisol Gómez, quien se refirió a estos contratos en un debate en el cabildo distrital, los diseños de esta construcción fueron entregados en septiembre de 2019 por la empresa HMV Ingenieros Ltda. y le costaron al IDU unos 1.700 millones de pesos.

Sin embargo, la empresa interventora, CB Ingenieros S. A. S., no detectó que había redes de servicios públicos que interferían con los pilares del puente. “El IDU pagó por unos diseños que quedaron mal hechos”, dijo Gómez.

Lo anterior retrasó la obra seis meses, la cual, desde agosto de 2020, fue contratada con el consorcio Infraestructura 2020, conformado por las empresas Infraestructura y vías, Marlin Ingeniería, GCS Construcciones y Jesús Vargas Rodríguez.

La cabildante resaltó que en este caso hubo presuntas fallas en la elección de los contratistas, pues solo una de estas empresas reportaba experiencia en obras similares: Infraestructura y vías. No obstante, ya tenía antecedentes de incumplimiento en Arauca y Santander.

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"Los errores vienen de Colombia Compra Eficiente, que tiene unos pliegos tipo, que dicen que un constructor, aunque haya tenido sanciones, puede participar en una licitación. También del IDU por no revisar a detalle al contratista", dijo la concejal.

De los cuestionamientos tampoco se salva la empresa encargada de la interventoría, el consorcio RJ&P Metro. Todo indica que no advirtió que la obra no avanzaba. Esto lo hizo sólo seis meses después de la fecha en que debía entregarse, es decir, en mayo de 2022, cuando el consorcio cedió el contrato a otras tres empresas: CivilTech, Pacific Constructors y Mega Andina de Inversiones.

Luego, estas compañías empezaron a decir que no tenían plata, y que las otras empresas dejaron una deuda muy grande. Finalmente, el IDU declaró la caducidad del contrato en mayo pasado y ahora anuncia que tendrá que abrir un nuevo proceso de contratación.

Añadió que se alcanzaron a invertir 903 millones de los casi 11.000 del valor del contrato.

El otro caso es el de las obras de tres conexiones peatonales: la de la calle 73, con un avance del 23 por ciento; la de la calle 79B, con el 46 por ciento, y la de la calle 85, con un 36 por ciento.

Los diseños de esta obra fueron entregados un año después de lo previsto, es decir, en octubre de 2019. Estuvieron a cargo del consorcio Espacio Público Bogotá 2017, conformado por WSP y HMV Ingenieros Ltda., la misma del puente de la carrera 9.ª con 112.

La obra inició en diciembre del 2020, a cargo de C.I. Grodco Ingenieros Civiles. Si bien esta compañía tiene una amplia experiencia, según Gómez, "nunca había hecho una obra en Bogotá, en donde normalmente se involucran redes de acueducto, de internet, etc. Además, estaba en un proceso de reorganización financiera".

Tras una alerta por parte de la interventoría por incumplimientos en agosto de 2021, el contratista pidió una prórroga de 14 meses en mayo del 2022. Por su parte, el IDU dice que la empresa no ha cumplido con los cronogramas de inversión y de obras, por lo que inició un proceso sancionatorio. La entidad agregó que se han invertido 6.000 millones de los 19.000 que cuesta el proyecto.

"Ninguna de las obras va por el 50 por ciento. El contratista le va a entregar lo que tenga en julio, y lo que le va a tocar hacer al IDU, para no dejarle el hueco en la calle a la gente, es poner carpeta asfáltica y cerrar mientras se vuelve a abrir licitación", concluyó Gómez.

Laura Valentina Mercado

REDACCIÓN BOGOTÁ