El viernes 31 de marzo, por ejemplo, alrededor de 50 manifestantes no solo bloquearon la avenida Chile, sino otras vías arterias como las carreras 15 y 11, la avenida Caracas (costado oriental) y la calle 73, durante siete horas, desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche.
Esto generó demoras en el servicio de TransMilenio en las estaciones de las calles 72 y 76, y trancones de hasta más de dos horas para las personas que se movilizaban de sur a norte de la capital en horario pico.
“Duré más de 130 minutos en mi carro desde la calle 100 para llegar a mi universidad, en la calle 57. Tomé la carrera 11 y estaba totalmente bloqueada”, contó Yéison Benavides, estudiante de la Universidad Santo Tomás.
Pero no solo los conductores resultaron afectados por este bloqueo, negocios del sector de la calle 72 y peatones, sufrieron las consecuencias de los enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los manifestantes.
Diego Idárraga, uno de los comerciantes de la 72, dueño del restaurante Sopitas y Frijoladas, ubicado a un costado de la Pedagógica (calle 73 con carrera 13), reportó significativas pérdidas como consecuencia de los disturbios. “He perdido entre $ 1’600.000 y $ 2’000.000 porque he tenido que cerrar desde el mediodía, momento en que más vendo y se inician los disturbios”, dijo.
Solo cuando los manifestantes cedieron ante la autoridad se conoció el verdadero impacto que esta movilización había generado: 32 personas trasladadas al Centro de Traslado de Protección (CTP). Un capturado por daños al patrimonio, 20 peatones lesionados y dos policías heridos.
Incluso, según Janeth Castañeda, a de Óptica Andes, ubicada en la carrera 12 con calle 71, uno de sus empleados está incapacitado por inhalar el gas lacrimógeno que lanza el Esmad como método de disuasión, lo cual también le reporta pérdidas.
Para rematar, el dolor de cabeza de Diego y Janeth, así como de otros comerciantes, no terminó ahí. El miércoles pasado estalló una nueva protesta, que duró otras siete horas, todavía más fuerte que la anterior y que sumaría un total de 14 horas de parálisis en menos de una semana.
De hecho, ese día se contabilizó el estallido de una papa bomba cada diez minutos, durante cuatro horas, de acuerdo con los afectados por la manifestación.
Como si fuera poco, los disturbios también bloquearon las mismas vías del viernes 31 de marzo, hecho que generó todavía mayor malestar entre los ciudadanos.
Ellos se preguntan qué está haciendo el Distrito para recuperar el orden durante estos eventos, que se han vuelto cada vez más regulares.
Según la Secretaría de Movilidad, es la Policía de Tránsito la que debe actuar en el momento y asegurar vías alternas que garanticen el flujo de carros hacia el norte y el sur.
Muchas veces esta labor la hacen el mismo Esmad y Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, con el ánimo de evitar enfrentamientos entre los conductores y los manifestantes.
No obstante estas medidas, residentes y es de negocios de la 72 se están organizando para enviarle una carta al rector de la Pedagógica, Adolfo León Atehortúa, con el fin de que él, como autoridad del plantel, tome cartas en el asunto.
Qué mueve las protestas
Los motivos que hay detrás de las manifestaciones que surgen en la Universidad Pedagógica, y se extienden hacia las calles 73 y 72, vienen
desde la reciente alza de pasajes de TransMilenio hasta decisiones istrativas que, para los estudiantes, impactan a la institución.
El pasado viernes, 7 de abril, un grupo de personas encapuchadas realizó un mitin dentro de las instalaciones de la Universidad, al que EL TIEMPO ZONA tuvo la oportunidad de acudir, para conocer las razones de las protestas.
“Estamos en desacuerdo con la privatización de instalaciones de nuestra universidad, y cómo se está llevando el actual programa de certificación en ella. También nos preocupa el enfoque que tiene la actual istración de Bogotá sobre el sector educación y la falta de infraestructura que sufre”, explicó uno de los jóvenes del Movimiento Anarquista Libre Pensante (MALP).
Aparte de esto, los llamados ‘encapuchados’ también insistieron en el alza de los pasajes de TransMilenio como “un abuso”.
Ante estos reclamos, el cuerpo académico de la Pedagógica realizó esta semana una serie de debates sobre las decisiones istrativas, pero el rector de la institución, Adolfo León Atehortúa, no confirmó si hubo arreglos con los manifestantes para evitar futuros disturbios.
Sin embargo, Luis Higuera, vicerrector de la universidad, señaló que en días pasados se les brindó atención jurídica a 12 estudiantes que se vieron involucrados en los desmanes.
Autoridades, tras pista de los vándalos
Con el fin de identificar a las personas que provocan los desmanes y actos vandálicos en las protestas, la Policía está analizando los videos de las cámaras de seguridad que tienen instaladas algunos locales comerciales y vecinos del sector para después, con un fiscal, cotejar con la universidad si los sospechosos son estudiantes activos o no.
El secretario de Seguridad, Daniel Mejía, reiteró que la Personería y los gestores de convivencia siempre están acompañando a los estudiantes en sus manifestaciones, pero cuando la situación se vuelve violenta, es necesario entrar con la Fuerza Pública.
“Ya tenemos personas judicializadas por vandalismo y daño a bienes públicos, pero lo que realmente nos preocupa son las denuncias sobre las ‘cocinas’ (lugares donde elaboran papas bomba y artefactos explosivos) que hay en las universidades. Hemos mantenido el compromiso de no entrar a las universidades, pero necesitamos que ellos se comprometan a no permitir que existan este tipo de cosas”, dijo el Secretario.
PABLO ARCINIEGAS Y LEIDY TATIANA ROJAS*
Redacción EL TIEMPO ZONA
*Con reportería de Redacción Bogotá