Pero aunque parezca un triunfo, dado que en 2022 Colombia ocupó el primer lugar del ranking en el informe de Global Witness con 65 líderes asesinados, lo cierto es que los datos de la organización muestran un problema complejo: en la última década, entre 2012 y 2021, el país se consolidó como el segundo más peligroso de todo el planeta para proteger los recursos naturales.
Según Global Witness, en la última década perdieron la vida en Colombia 322 defensores de las selvas, los mares, los ríos, los animales y la inmensa biodiversidad del país.
Los conflictos por la tierra, la guerra y los cultivos ilícitos son tres de los principales factores que impulsan el asesinato de líderes ambientales en Colombia. Pero, según Lourdes Castro, directora de la ONG Somos Defensores, que esa tasa de mortalidad sea tan alta se entiende esencialmente por dos razones: La primera es que en Colombia opera una “impunidad estructural”, que impide conocer quiénes son realmente los responsables intelectuales de esos asesinatos.
Según ella, la falta de una política oportuna en los Gobiernos que han dirigido al país durante la última década demuestra que Colombia no se ha sentado a desarrollar realmente una estrategia que pueda solucionar la alarmante crisis de seguridad que atraviesan aquellas personas dispuestas a proteger la biodiversidad, ecosistemas y fuentes hídricas que no solo son claves para el futuro del país, sino también del mundo.
Es necesario no solamente conocer quién apretó el gatillo sino que intereses están detrás de estos asesinatos
“No conocemos realmente de parte de la Fiscalía y de las autoridades judiciales quienes son los responsables de estas acciones, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los entramados complejos que pueden haber detrás de estas agresiones. Es necesario no solamente conocer quién apretó el gatillo, sino que intereses están detrás de estos asesinatos. Y con ese nivel de impunidad tan alto que caracteriza estos asesinatos, eso contribuye a que se mantengan y se perpetúen”, enfatiza Castro.
La segunda razón, por la cual Colombia tiene niveles tan altos en el número de asesinatos de líderes ambientales, destaca la investigadora, es que tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc se ha dado una reconfiguración en las violencias, que ha aumentado los conflictos en zonas de alta biodiversidad por el control de mercados ilícitos como la minería ilegal, el desarrollo de deforestación para ganadería y agricultura, la tala para venta de madera ilegal, entre otros temas.
“Nosotros lo hemos dicho en Somos Defensores, lo dice también Global Witness en su informe: La falta de una implementación adecuada e integral del Acuerdo de Paz también ha sido un factor determinante en la reconfiguración de las violencias que estamos viviendo actualmente. Que no se haya realizado la reforma rural integral como preveía el Acuerdo, asociado a que no se hayan implementado adecuadamente los puntos 3 y 4 referente a los dispositivos sobre garantías de seguridad para los liderazgos sociales previstos en el acuerdo de paz. Es esa falta de implementación del Acuerdo la que ha contribuido grandemente en esa situación de reconfiguración de violencias que tenemos actualmente y que genera esta dinámica de agresiones y asesinatos contra los líderes ambientales y en general contra los líderes sociales”, destaca Castro.
De acuerdo con Castro, que en 2021 hayan disminuido las cifras de asesinatos es un dato que debe analizarse con pinzas, dado que varias razones pueden explicar el por qué bajó de 65 líderes ambientales en 2020 a 33 defensores en 2021.
"Esos 33 asesinatos sigue siendo una cifra supremamente alta. Pero comparada con el año anterior del mismo informe demuestra una disminución. Pero lo cierto es que en general los asesinatos de líderes sociales durante el 2021 disminuyeron, no solo el de los líderes ambientales, sin embargo, esto no quiere decir que la situación no sea grave porque disminuyeron las muertes, pero aumentaron en un 3 % las agresiones", destaca Castro.
Según los datos de Somos Defensores, en 2021 se produjeron 996 agresiones, mientras que en 2020 fueron 967. Entre las razones que expone Castro para dicha disminución están que en 2020 las personas estaban resguardadas en su casa debido a la pandemia, y eso causó que fuesen más sencillos para los grupos ilegales su perfilamiento.
"Con la llegada de la movilidad en 2021 fue más difícil identificar en un sitio a los líderes. La capacidad de tenerlos ubicados en sus lugares de residencia con la vuelta a la normalidad se hizo más difícil. Pero en la pandemia eso fue un factor que disparó los asesinatos. Los actores armados pareciera que no estuvieron sometidos al aislamiento, el resto todos estuvimos guardados", enfatiza la experta.
Para ella, otro tema es que dada la falta de acompañamiento del Gobierno en 2021, que en algunos casos calificó los asesinatos de líderes ambientales como muertes relacionadas a "líos de faldas" y por conflictos derivados de cultivos ilícitos, lo cierto es que puede haber un subregistro entre las personas dispuestas a informar que están amenazadas por su condición de defensores ambientales.
"Y un punto clave a considerar es que los datos que presenta Global Witness son indicativos para mostrar la gravedad de una situación, pero no se puede asegurar que sea la totalidad de los casos como tal. Es una muestra indicativa, por lo que siempre hay que tener presente que puede haber subregistro que tomando en cuenta la reconfiguración de las dinámicas de violencia en los territorios que ha llevado al silenciamiento de muchas comunidades y organizaciones, hace pensar que el número de muertes puede ser mayor", finaliza Castro.
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