Para este jueves 30 de noviembre estaba previsto que se adelantara la audiencia de conciliación entre la Cancillería y la firma Thomas Greg, después de que esta última anunciara una demanda por más de 117 mil millones pesos por haberse declarado desierta la licitación para el suministro de pasaportes y visas.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que la audiencia que arrancó a las 9:30 de la mañana tan solo se demoró una hora y se reprogramó para el 15 de diciembre, luego de que el apoderado de la Cancillería, Fernando Calderón España, presentó una certificación.
El visado tipo D suele ser tramitado por pilotos, auxiliares de vuelo, azafatas y demás integrantes de la tripulación de aeronaves comerciales. Foto:iStock
Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto:Andje
En esta, el comité de conciliaciones de la Cancillería acogió la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de sentarse a explorar un acuerdo extrajudicial. Este diario estableció que Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg, hizo una propuesta en la que se contemplaría renunciar a la exigencia de 10 mil millones de pesos en perjuicios. Además, se ofrecerían servicios adicionales por 4 mil millones de pesos.
Aunque Martha Lucía Zamora, cabeza de la Agencia de Defensa Jurídica, no asistió a la conciliación, su solicitud de buscar vías de arreglo para evitar un daño al fisco se acogió por todas las partes, tras advertir el ánimo conciliatorio, la procuradora encargada de la audiencia suspendió la diligencia y citó para el 15 de diciembre a las 9 de la mañana.
EL TIEMPO conoció que la cabeza de la Agencia Jurídica del Estado no asistió por estar en un evento en compañía del Ministro de Defensa en Ocaña (Norte de Santander).
Juan Pablo Estrada y Jorge Ramirez. Foto:Néstor Gómez / EL TIEMPO
Tal como lo había informado EL TIEMPO, Thomas Greg había ofrecido en una anterior reunión reducir las pretensiones de la demanda (donde pediría daños y perjuicio). Además, que introduciría un valor agregado si la Cancillería le adjudica el contrato.
Además, solo pedirían tres años de ejecución y no cuatro, como lo señala la frustrada licitación por 599 mil millones de pesos.
La razón: tras la urgencia manifiesta decretada por la Cancillería, a ellos se les entregó un contrato por un año, mientras se avanza en un nuevo proceso licitatorio que ya arrancó.
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