Esta semana el presidente Gustavo Petro y Asobancaria, el gremio de las instituciones financieras del país, anunciaron el Pacto por el Crédito, un acuerdo para destinar 55 billones de pesos adicionales a préstamos para cinco sectores específicos. Tras 19 encuentros entre el Gobierno Nacional y los bancos, surge esta iniciativa por medio de la cual, durante los próximos 18 meses, se desembolsarán recursos a proyectos de vivienda, manufactura, agro, economía popular y turismo.
Como lo señaló el primer mandatario, este acuerdo sustituye la intención de la Casa de Nariño de radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley de inversiones forzosas. Lo primero para destacar es precisamente el descarte de esta inconveniente y nociva propuesta, que tampoco contaba con buen recibo ni dentro del Legislativo ni de los analistas.
Asimismo, se debe resaltar que esta sustitución fue el resultado del diálogo, no siempre fácil y retador, entre la istración Petro y los representantes del sector financiero. Demuestra, a su vez, que son factibles y deseables los espacios para la búsqueda concertada entre el sector público y los privados de soluciones a las problemáticas sociales y económicas que enfrenta Colombia. A la disposición y apertura de los altos funcionarios del Gobierno Nacional hay que sumarles la persistencia y la apuesta a la negociación de los líderes de las instituciones financieras.
Un aspecto adicional atañe al diseño de la iniciativa. El Pacto por el Crédito asignará los desembolsos sectoriales, empleando las herramientas disponibles tanto públicas como privadas, bajo criterios y condiciones de mercado. Este mecanismo despierta confianza, tanto para los inversionistas como para los ahorradores, en un manejo sostenible de estos billonarios recursos. Además, que el acuerdo cuente con metas verificables e instancias de seguimiento y mesas de articulación interinstitucional es garantía de una implementación efectiva y rápida. Lo anterior debe conducir a que una parte relevante de estos créditos adicionales pueda ser adjudicada a medianos y pequeños empresarios en esos sectores estratégicos para el Gobierno.
Este ejercicio de diálogo del Gobierno y empresarios debería replicarse en otras propuestas de reactivación de la Casa de Nariño.
En términos de la estrategia de recuperación de la economía, este acuerdo es sin duda un positivo y sólido paso en la dirección correcta. Ratifica asimismo la conveniencia de planes para la reactivación productiva que sean el resultado no de imposiciones, sino de espacios de colaboración y concertación público-privadas. En otras palabras, para Colombia es más provechosa una reactivación concertada. Más aún, este ejercicio de diálogo del Gobierno Nacional con los representantes de los empresarios debería replicarse en otras propuestas de reactivación de la Casa de Nariño, como la nueva reforma tributaria y las medidas sectoriales, hoy en discusión.
Desde el punto de vista político, el Pacto por el Crédito entre la istración Petro y los bancos confirma que el camino más expedito para avanzar en aspiraciones como la del “acuerdo nacional”, o en temas álgidos con otros sectores económicos como el energético, pasa por ejercicios de esta naturaleza. Esto es, abiertos, en búsqueda del consenso en torno a la solución de problemas que afectan a los colombianos, y respetuosos de la lógica y condiciones de los mercados y las libertades.