El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó este jueves su reforma pensional, mientras en las calles se daba una gran manifestación de los sindicatos opuestos que, aunque no lograron movilizar tanto como al empezar el movimiento hace siete semanas, tienen apoyo mayoritario de la opinión pública.
En la séptima jornada de protestas masivas, como en las anteriores, la diferencia en el reporte de participación fue alto: el sindicato CGT, que lidera el movimiento, contabilizó 1,3 millones en el país, mientras que para el Ministerio del Interior fueron 249.000.
El transporte público ha sido el más afectado, pues los paros se han mantenido durante 51 días, aunque con mucho menor impacto desde hace unas semanas.
Durante la huelga de este viernes, el Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de ley que empezarán a tramitarse en el Parlamento el 3 de febrero y el 17 en el pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación antes del verano.
La jornada de protestas desatada en contra de la reforma pensional que propuso el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, completó su octavo día. Foto:Dominique Faget / AFP
El punto principal de la reforma es la unión de los 42 regímenes de pensiones actuales en un sistema universal por puntos en el que cada euro cotizado dará los mismos derechos en el momento de la jubilación. Y aunque la edad mínima de jubilación seguirá siendo de 62 años, se introduce la noción de ‘edad de equilibrio’, que servirá para garantizar la regla del equilibrio financiero.
En la práctica, los que se jubilen antes de llegar a esa ‘edad de equilibrio’ –que variará en función de la esperanza de vida– tendrán una penalización, y una bonificación los que se mantengan más tiempo.
Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto:Justin Lane / Efe /EPA
Macron, a través de su portavoz, Sibeth Ndiaye, no se privó de lanzar dardos en dirección de los sindicatos al denunciar “los actos de violencia y de radicalidad de ciertos bloqueos” en los últimos días.
El 30 de enero se hará una conferencia de financiación en la que sindicatos y patronal buscarán una fórmula para reducir alrededor de 12.000 millones de euros de déficit que se calcula tendrá el sistema actualmente en vigor en 2027, cuando se ponga en marcha el sistema por puntos.
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