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JEP ha cerrado los procesos de 148 exmilitares responsables de 'falsos positivos': así van las amnistías de Farc
En su más reciente decisión, renunció a la persecución penal de 34 comparecientes de la Fuerza Pública.
La JEP ha estimado que en el país se cometieron al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales. En noviembre, con botas pintadas, se rindió un homenaje a las víctimas de estos hechos. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO
Redactora AActualizado:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa resolviendo la situación jurídica de los más de 9.000 comparecientes que fueron descartados como máximos responsables de los graves crímenes que investiga. En el caso de la Fuerza Pública, el tribunal ha renunciado a la persecución penal (cerrado los procesos) de 148 de sus que reconocieron su participación en 'falsos positivos' y se comprometieron a reparar a las víctimas para blanquear sus deudas con la justicia.
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En su última decisión, la JEP le concedió este beneficio a 34 exmilitares que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander.
Entrega digna de cinco víctimas de 'falsos positivos' entregados por la JEP y la Unidad de Búsqueda Foto:JEP
Según el expediente, participaron como artífices no determinantes de algunos de los asesinatos y desapariciones de los jóvenes de Soacha. Se les vinculó al menos a cuatro hechos, entre 2007 y 2008, en los municipios de Ábrego y Ocaña, donde fueron asesinadas seis víctimas que fueron trasladadas mediante engaños desde el municipio de Cundinamarca hasta Norte de Santander. Allí fueron presentadas falsamente como bajas en combate.
Los comparecientes cumplieron con una serie de requisitos para quedar a paz y salvo. Entre estos, aportar a la verdad y hacer un 'mea culpa' cara a cara con las víctimas. En audiencias llevadas a cabo en agosto y octubre de 2024, y en marzo de 2025, las familias de los jóvenes asesinados, algunas pertenecientes al colectivo Mafapo, pudieron hacer preguntas a los comparecientes, conocer el porqué de los crímenes y limpiar su nombre, ya que fueron presentados como guerrilleros.
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"A juicio de los magistrados que integran la Subsala Catatumbo, los aportes de verdad presentados por los comparecientes permitieron reconstruir lo ocurrido a estas víctimas con un nivel de detalle que supera lo establecido por la justicia ordinaria, al punto de establecer que, en el caso del asesinato y desaparición forzada de Fair Leonardo Porras Bernal, también se configuró el crimen de guerra de tratos crueles, inhumanos y degradantes", aseguró la JEP.
Los 34 comparecientes también presentaron propuestas de acciones para restaurar a las víctimas. Entre ellas, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y de solicitudes de perdón, y el pago de algunas de las deudas que tenían los familiares de las víctimas con los cementerios en los que reposan sus seres queridos.
En la JEP, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales han protestadO. Foto:César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO
Finalmente, todos los comparecientes ofrecieron garantías de no repetición y compromisos de no repetición.
La Subsala determinó que los renunciados penalmente no podrán volver a ponerse el uniforme. Además, que los incentivos, felicitaciones y reconocimientos que les otorgaron por estos hechos les sean revocados.
Las amnistías de los exFarc
En el caso de las amnistías a los antiguos de las Farc-EP —el proceso mediante el cual las bases guerrilleras saldan sus cuentas con la justicia, así como algunos máximos responsables por ciertos delitos— la JEP ha concedido 827. Sin embargo, 4.238 han sido negadas.
El más reciente 'no' fue a la solicitud de Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas, por su participación en el atentado con carro bomba del 7 de junio de 2004 en el parqueadero de la iglesia María Auxiliadora, en Medellín.
La magistratura concluyó que los hechos en los que participó constituyen un crimen de guerra, específicamente por la destrucción o utilización ilícita de bienes culturales y lugares de culto, así como por ataques intencionales contra la población civil.
Federico Gutiérrez demandará al Gobierno Foto:
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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