Incautan bienes de 2 exgobernadores de Guainía investigados por corrupción
También hay unos que serían de exalcalde de Inírida. En total se avalúan en casi $ 22.000 millones.
Entre ellos hay 72 predios rurales, 7 urbanos, 4 vehículos, y un establecimiento comercial. Foto: Fiscalía y Gaula Militar
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Sobre 87 bienes que pertenecerían a los exgobernadores de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, y al exalcalde de Inírida Camilo Andrés Puentes Garzón, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
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Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, que a través de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio logró la incautación.
Habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual:
Fiscalía
Los exfuncionarios están vinculados formalmente a procesos penales por su presunta participación en una situación de macrocriminalidad, en la que, "con complicidad de particulares, habrían suscrito múltiples contratos de suministro y obras públicas que no se ejecutaron, quedaron a medias o presentaron diversas inconsistencias en la fase precontractual", señaló la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, dichos contratos estarían relacionados -al parecer- con la construcción de los acueductos de los municipios de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripana y La Unión.
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Dentro de los 87 bienes afectados con fines de extinción del derecho de dominio había 4 vehículos. Foto:Fiscalía y Gaula Militar
Rodríguez Sánchez ejerció el cargo de gobernador entre 2012 y 2016; mientras que Zapata Parrado y Puentes Garzón fueron elegidos como gobernador y alcalde para el periodo 2016 – 2019.
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Exgobernador Javier Eliecer Zapata. Foto:EL TIEMPO
Los exmandatarios fueron capturados e imputados por diferentes delitos entre los cuales están: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación.
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Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas por el CTI de la Fiscalía en Chía y Cajicá (Cundinamarca), Inírida (Guainía) y Villavicencio (Meta).
Se trata de 72 predios rurales, 7 urbanos, 4 vehículos, 3 sociedades y un establecimiento de comercio avaluados preliminarmente en cerca de 22.000 millones de pesos. Estas acciones fueron apoyadas por uniformados del Ejército Nacional.
La Fiscalía estableció que las propiedades estaban a nombre de terceros o personas cercanas a los exfuncionarios. Los bienes quedarán a disposición la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su istración.
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