Así van las investigaciones contra Daniel Quintero y varias de sus fichas en Medellín

Aunque en un documento de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la anterior istración de Medellín, figura que está lista la imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero y una de las personas de su entorno más cercano por el delito de peculado por apropiación, altas fuentes del ente acusador afirman que eso no se ha decidido y que actualmente sigue investigando.

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Esto luego de que el ente investigador recibió una compulsa de copias de la Contraloría local relacionada a presuntos actos irregulares, por lo que ahora sus agentes avanzan en la verificación de las denuncias allí plasmadas.

En efecto, en un documento de la Fiscalía conocido por EL TIEMPO están mencionadas otras personas que trabajaron durante la gestión de Quintero en La Alpujarra, entre los años 2020 y 2023.

En el caso particular del exalcalde, su nombre aparece junto al de Juan David Duque, quien fue su secretario privado. De acuerdo con el oficio estaría previsto a finales de febrero imputarles hechos a los dos relacionados a la caja menor de la Alcaldía. Sin embargo, el ente acusador señala que en este tema aún no hay una determinación y que por ahora no hay nada oficial.

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El exsecretario Duque fue sacado de su cargo el 20 de noviembre en una inédita votación del Concejo de la ciudad, precisamente por cuestionamientos en el manejo de la caja menor. Esa fue la primera vez que la corporación separó a un servidor público de su cargo, en los 17 años que tiene la autorización de la Constitución para hacerlo. 

"De acuerdo a hallazgo parcial fiscal de la Contraloría General de Medellín el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y su exsecretario privado Juan David Duque se habrían apropiado en favor propio y de terceros de la suma aproximada de $100.000.000 correspondiente a fondos fijos reembolsables (caja menor)", dice el documento del ente acusador.

Según el organismo de investigación, en el papel el objetivo del fondo era atender los gastos urgentes e imprevistos, o los gastos de representación, "pero los dineros se usaron para gastos personales o duplicidad en el pago de viáticos, según lo reglamentado en el Decreto 1645 de 2006 y el Decreto 393 de 1994".

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Sobre la caja menor en el despacho del exalcalde, la Contraloría de la capital de Antioquia se refirió el año pasado con un hallazgo istrativo y la presunta incidencia fiscal y disciplinaria que ronda los 117 millones de pesos. Esa auditoría comprendió la revisión de facturas del año 2022 y con corte al 30 de junio de 2023.

El primer hallazgo tuvo que ver con rubros sin cuantificación; y el segundo, el de incidencia fiscal, fue por un presunto detrimento patrimonial de más de 117 millones debido a la falta de autorización y certificación de gastos hechos en restaurantes de Medellín, del Valle de Aburrá y de otras ciudades. Esa vez solo se autorizaron 7'799.790 pesos de los 124'566.0005 desembolsados.

Sobre estos presuntos casos de corrupción en la istración pública de la ciudad cabe recordar que el fiscal general, Francisco Barbosa, destacó que el próximo 9 de febrero estará en Medellín para hablar de una segunda fase de decisiones.

El hallazgo de la Contraloría que podría complicar a Quintero y a su exsecretario es uno de los siete casos que están en despachos de fiscales especializados por presuntas irregularidades en la capital antioqueña.

A esos hechos se refirió precisamente el fiscal Barbosa en una visita que hizo a la capital de Antioquia el 10 de noviembre pasado. Ese día anunció que el ente acusador tiene elementos que comprobarían irregularidades en al menos seis contratos que superan los 67.586 millones de pesos.

El plan documentado en el oficio en poder de este diario empezó por cumplirse este lunes, cuando la Fiscalía dio a conocer en la noche que fueron imputados la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego, el entonces gerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano y Luz Eliana Henao, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

En esa investigación se recopiló información desde octubre del año 2020 y tiene relación con un proyecto para el manejo de las zonas verdes. "El contrato para el manejo de zonas verdes de Medellín siempre lo hacia el Jardín Botánico, pero en 2020 la junta directiva de Metroparques, en cabeza del alcalde de la ciudad, modifica el objeto social (entidad no idónea) y exenta de contratar con Ley 80 para que ejecuten el contrato, en este evaden la licitación pública o selección abreviada y principio de economía y objetividad", dice el documento de la Fiscalía.

Y la directora de la Seccional Medellín, Yiri Amado, añadió el lunes que "los exservidores públicos se habrían asociado para ordenar irregularmente el traslado de 5.000 millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de Medellín a Metroparques, para la supuesta atención de emergencia por el covid-19".

Otro caso enlistado es el de Buen Comienzo, el cual ya dio de qué hablar en el departamento, y tiene implicadas a la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo; a la exdirectora técnica del programa, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez.

En este caso se cuestionan sobrecostos en el contrato que apuntaba a suministrar paquetes de alimentos a la población más vulnerable, las madres gestantes y menores de edad durante la pandemia. Adicionalmente se habrían pagado honorarios a personas que no prestaron el servicio vulnerando las condiciones técnicas del contrato.

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El Parque Metropolitano de las Aguas también aparece en otro caso, que como personas a imputar tiene a Jorge Enrique Liévano y al representante del Área Metropolitana de Medellín Álvaro Alonso Villada. En este proceso, la audiencia está programada para el 17 de enero en la tarde.

En otra investigación vuelve a aparecer  Metroparques como la entidad que en septiembre de 2020 firmó un contrato para el apoyo logístico en la realización de eventos recreativos en Medellín.

“El contrato fue celebrado en septiembre de 2020 y debía ser ejecutado en dos meses; pero habría recibido tres adiciones presupuestales que incrementaron injustificadamente su valor a 24.205 millones de pesos y además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022″, explicó Barbosa el año pasado.

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En ese episodio fue subcontratada la empresa Cyan, y se tiene agendado imputar cargos este mes a Diana Paola Toro, entonces directora del Inder, y al exgerente Liévano.

El penúltimo expediente es por el delito de peculado y está previsto para ser judicializado en el segundo semestre del año. El caso está vinculado a Telemedellín, el canal público de la ciudad. En ese proceso se tiene que un hombre llamado Deninson junto a una exgerente de nombre Mábel supuestamente "han celebrado contratos con Plaza Mayor sin el lleno de los requisitos legales, violando los principios de planeación, selección objetiva, idoneidad, favoreciendo a varios contratistas elegidos a dedo desde la istración municipal como el alcalde, secretario de comunicaciones y la gestoría social primera dama Diana Osorio".

Entre ese presunto plan ilegal la Fiscalía ubicó un contrato por 4.000 millones de pesos entre Juan José Aux, exsecretario de Comunicaciones de Daniel Quintero, con el canal público.

Por último está el caso de la Universidad Nacional, que aunque no tiene personas vinculadas y una fecha fija, es reciente y fue mediático. Data del 7 de septiembre del año pasado, cuando la Alcaldía firmó un contrato con la universidad por cerca de 9.000 milones, para "la gestión de estrategias enmarcadas dentro del pilar de gobernanza de las comunicaciones”.

Al parecer de ahí salió plata para los gastos de publicidad del excandidato a la alcaldía Juan Carlos Upegui, quien fue la carta de Quintero para las elecciones regionales, luego de que trabajaron juntos en La Alpujarra.

Se investigan, según la información conocida por este diario, los delitos de peculado por aplicación diferente y cumplimiento sin requisitos legales. Está proyectado que el caso se pueda judicializar en el segundo semestre del año.

Al tratarse de imputaciones programadas, a nivel jurídico estas personas no han sido halladas responsables de algún cargo, algo que solo podría debatirse en un juicio oral, en el que serán escuchados los argumentos de las partes. Como en todo proceso penal existe la posibilidad de aceptación de cargos, de preacuerdos y negociaciones de colaboración judicial a cambio de beneficios.

Carlos López

Redacción Justicia

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