Regiones empiezan a sufrir los rigores de un cese del fuego sin protocolos
Analistas piden reglas claras de juego por secuestros de soldados y rondas de patrullajes armadas.
Presunta incautación de armas del Eln a las disidencias en Arauca. Foto: Archivo
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Más de 15 días después de que el presidente, Gustavo Petro, anunció en un trino el cese del fuego bilateral con el Eln y otras tres redes criminales, que luego se echó para atrás en el caso de la guerrilla, aún no se definen los protocolos con esas organizaciones para definir la verificación sobre el cumplimento de esa decisión y la forma como se enfrentaría una posible violación.
De hecho, fuentes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia confirmaron que, aunque se han adelantado reuniones privadas entre el Gobierno y esas organizaciones, aún no hay una verificación formal del cese del fuego vigente. Añadieron que entre tanto la misión internacional “continúa monitoreando las actividades de los grupos armados, como las ha realizado desde que llegó al país”.
EL TIEMPO consultó a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre los avances de la definición de los protocolos, pero no hubo respuesta.
Al tiempo, las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’ emitieron un comunicado en el que señalan que están comprometidos con el cese del fuego y le proponen al gobierno que se reúnan el 27 de enero en la vereda Los Moros, corregimiento de Minca (Magdalena), “para implementar la mesa de acercamientos” y piden tener las garantías de seguridad “para poder llevar adelante este paso tan importante para dar inicio a los acercamientos y diálogos de paz”.
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En tanto se definen y se ponen en marcha los protocolos para el cese y la verificación de lo acordado, se han registrado incidentes en varias regiones, como la retención (el lunes) de 30 soldados en Vista Hermosa, Meta, a manos de campesinos que argumentaban una supuesta violación del cese al fuego por parte de los uniformados que fueron liberados ayer.
Lo primero que se necesita es que los protocolos sean claros
A esto se suman el patrullaje de disidentes en Balboa, Cauca, que armados atemorizaron a la población civil el 16 de enero, y la incursión de integrantes de la disidencia ‘Franco Benavides’ el 10 de enero en zona rural de Policarpa, Nariño.
En su momento, el mismo ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que la incursión en Balboa “es un reto que están haciendo a la oferta generosa de paz, a la intención del Gobierno por generar reales espacios de convivencia. Es un desconocimiento del cese bilateral del fuego, que han expresado compartir, pero que, con sus actos, han demostrado exactamente lo contrario”.
Estas dos incursiones no son las únicas faltas. De acuerdo con datos de un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), entre el 1.º y el 18 de enero se registraron nueve acciones ofensivas violatorias del cese del fuego, también se registró la muerte de un civil de una comunidad indígena, cuatro militares fueron secuestrados (liberados el miércoles), una persona se desplazó forzosamente y 20 fueron amenazadas.
Las acciones fueron atribuidas, dice el informe, al ‘clan del Golfo’ (3 acciones) y a las disidencias ‘Carlos Patiño’ (3), ‘Dagoberto Ramos’, ‘Franco Benavides’ y ‘Jaime Martínez’; estos hechos ocurrieron en Cauca (4 casos), Santander (3) y Nariño y Valle del Cauca, con una acción en cada uno.
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Por esto crecen las voces que piden que se haga claridad sobre las reglas de juego que se aplicarán durante los acercamientos de paz.
Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), consideró: “Lo primero que se necesita es que los protocolos sean claros, que tengan de manera detallada la prohibición de ese tipo de acciones, como retener a militares o las medidas que están tomando frente a la población civil, eso lo están usando como propaganda y daña el ambiente político, le quita credibilidad al proceso de paz”.
En ese sentido, Jorge Restrepo, director de Cerac, insistió en que es necesario que se determine “qué cosas son actos hostiles, aunque no necesariamente violatorios de la medida, y qué cosas son actos ofensivos, que sí son actuaciones prohibidas; también, que haya un protocolo de cuál debe ser la respuesta de la Fuerza Pública ante esas conductas prohibidas”. Advirtió que el secuestro de militares en descanso es una evidente violación del cese.
“El cumplimiento es una demostración de la voluntad de construcción de paz de las partes, pero no se puede convertir en una demostración de fuerza, que es lo que pasa con este tipo de provocaciones”, añadió Restrepo.
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El lío de la capturas
A las dificultades por la ausencia de protocolos se suma la decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura de los representantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y de las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada’.
El fiscal general, Francisco Barbosa, en entrevista con EL TIEMPO señaló que mantendrá su posición, a lo que se sumó la declaración de la procuradora Margarita Cabello, al señalar que la paz no podía estar por encima de la Constitución y que los de la Fuerza Pública tienen “la obligación ineludible para hacer efectivas las aprehensiones de estas personas”.
El presidente Gustavo Petro respondió ayer desde Davos (Suiza): “Quien ordena la paz como un derecho fundamental en el país es la Constitución. Todos los funcionarios públicos debemos obedecerla y hacer la paz que nos ordena, o ¿se nos olvidó el artículo 22 en esta directriz, que habla sobre eso?”.
Y añadió: “Hay un enorme error en decir que la paz no está por encima de la Constitución, en realidad las constituciones se hacen para que las sociedades convivan en paz”.
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