A través de la alerta temprana 001 de 2024, la Defensoría del Pueblo advirtió que menores de edad estarían siendo usados por estructuras criminales para comercializar sustancias ilícitas, transportar armas e incluso cometer asesinatos en cinco municipios del Quindío.
Según el documento de la Defensoría, que fue revelado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante su visita a Armenia, la mayor afectación se evidencia en menores desde los 13 años y en los municipios de Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Circasia y Calarcá.
Hacemos un llamado a las autoridades de la región para que saquen a los niños, niñas y adolescentes de la criminalidad,
Niños, adolescentes y jóvenes estarían al servicio de las bandas ‘La Cordillera’, ‘Los Flacos’ y ‘La Oficina’, estructuras ilegales que operan en Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.
“Nuestra alerta temprana especifica cómo vienen siendo utilizados los menores de edad en la cadena de expendio de sustancias ilícitas. Entre las dinámicas más comunes está la que se conoce como ‘carritos’, que son quienes transportan droga entre puntos de distribución y la zona de almacenamiento. Pero también, lamentablemente, utilizan a los jóvenes en labores de ejecución de homicidios selectivos y traslado de armas de fuego”, afirmó el defensor Camargo.
Las alarmas están prendidas. Nuestros adolescentes y jóvenes viven con temor
De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, estas estructuras ilegales realizan actividades de control territorial con el fin de fortalecer el mercado de estupefacientes y asesinar a quienes intenten oponerse a su actuar.
“Desde tempranas edades están en ambientes donde se normaliza el actuar criminal como un estilo de vida, incluso, con el auspicio, en algunos casos, de sus padres o familiares, que históricamente se han dedicado al comercio de drogas ilícitas y a otras actividades al margen de la ley. Los grupos criminales locales se aprovechan de los jóvenes de bajos recursos económicos. En ocasiones tienen en cuenta que, por sus edades, es más factible que puedan ingresar a algunas instituciones educativas para que les vendan drogas ilícitas a otros jóvenes”, dice el documento de la Defensoría.
Las autoridades recomendaron crear una ruta de diálogo para solucionar los conflictos entre las comunidades de la zona Foto:Defensoría del pueblo
De hecho, este medio conoció varias denuncias de estos casos en los municipios de Quimbaya y Montenegro. En este último, la policía capturó una banda de menores de edad que tenían como funciones cometer asesinatos y expender estupefacientes.
“Las alarmas están prendidas. Nuestros adolescentes y jóvenes viven con temor en un corregimiento y 15 barrios de Calarcá, 9 barrios de Montenegro, 13 de Quimbaya, 8 de La Tebaida y 11 de Circasia. Hacemos un llamado a las autoridades de la región para que saquen a los niños, niñas y adolescentes de la criminalidad, a que sea mejorada la presencia institucional y a que haya más políticas públicas que favorezcan a esta población, caracterizada por estar en sectores de amplia complejidad social”, aseveró Carlos Camargo Assis.
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