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Red desmantelada: Fiscalía procesa a cinco personas por tráfico de especies marinas protegidas en el Caribe
Operaban en Santa Marta, Bocachica y Bogotá, extrayendo especies para venderlos en Colombia, Estados Unidos y Perú.
Red desmantelada tráfico especies marinas. Foto: Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas que presuntamente conformaban una estructura ilegal dedicada a la captura, acopio y comercialización de especies marinas protegidas, extraídas de ecosistemas del Caribe colombiano y comercializadas tanto en el país como en el extranjero.
Según la investigación, esta red venía operando en zonas costeras de Taganga, en Santa Marta (Magdalena), y Bocachica, en el departamento de Bolívar, donde pescadores artesanales y buzos eran inducidos a sumergirse en los arrecifes y ecosistemas marinos para extraer de forma ilícita peces ornamentales, anémonas y distintos tipos de corales protegidos por la legislación ambiental.
Los implicados y sus roles
Red desmantelada tráfico especies marinas. Foto:Fiscalía
La Dirección Especializada contra los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, a través de una fiscal especializada, presentó ante un juez de control de garantías a los cinco señalados, a quienes imputó los delitos de daño a los recursos naturales, pesca ilegal, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, concierto para delinquir y manejo ilícito de especies exóticas.
Entre los procesados figura Raúl Alberto Cuéllar Gaitán, señalado como el supuesto cabecilla de la organización y el principal articulador del esquema criminal desde Bogotá. De acuerdo con los elementos probatorios recopilados, Cuéllar sería el responsable de coordinar la recepción, almacenamiento y envío de las especies marinas, valiéndose de redes sociales para ofrecer el material biológico a compradores tanto en Colombia como en países como Estados Unidos y Perú.
Otros dos implicados son Adalberto Antonio Fonseca Cantilla y Jimmy Caraballo Barrios, quienes, según la Fiscalía, tenían como rol promover la pesca ilegal en las costas del Caribe, especialmente en Taganga y Bocachica. La información recabada por las autoridades señala que estos hombres contrataban e incentivaban a pescadores locales para que capturaran las - especies con métodos no autorizados, como redes, trampas y otras herramientas que afectaban el libre tránsito de los organismos marinos.
Asimismo, fueron capturados Yaneth Carreazo Urbina y Miguel Ángel Torres Guerra, presuntos encargados de recibir en Bogotá los animales y corales transportados por vía terrestre desde la región Caribe. Allí, las especies eran preparadas y almacenadas temporalmente antes de su distribución o exportación hacia los compradores finales.
Impacto contra el ecosistema
Red desmantelada tráfico especies marinas. Foto:Fiscalía
El tráfico ilegal afectaba gravemente a especies como el coral abanico y el coral flor, ambos en riesgo por su alta vulnerabilidad a la extracción y por su papel esencial en la salud de los arrecifes. También se reportó la afectación a peces lorita azul, boquinete, caballitos de mar, anémonas y otros ejemplares ornamentales que eran removidos de su hábitat natural con fines comerciales, violando las normativas ambientales vigentes.
Las autoridades indicaron que las especies eran retiradas utilizando mecanismos invasivos, como la instalación de mallas y redes que interrumpen el equilibrio natural del ecosistema y ponen en peligro no solo a las especies objetivo, sino a toda la biodiversidad marina del área.
Los imputados no aceptaron los cargos
Red desmantelada tráfico especies marinas. Foto:Fiscalía
Pese a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, los cinco imputados no aceptaron los cargos y permanecerán vinculados al proceso penal en curso.
La Fiscalía reiteró que continuará fortaleciendo las acciones investigativas contra las redes dedicadas al tráfico de fauna y flora silvestre, uno de los delitos ambientales de mayor impacto en el país.
El ente acusador hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estas prácticas que comprometen la sostenibilidad de los ecosistemas y afectan el patrimonio natural de todos los colombianos.
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