‘Debemos abrir huecos en la tierra para hacer nuestras necesidades’

En la calle 182 con autopista Norte, en medio de los árboles, como si se tratara de un campamento de guerra, se refugian unos 500 venezolanos. Las improvisadas carpas están hechas con plásticos que las familias han recogido en las calles, algunas tienen propaganda política.

Se ven cuerdas tensadas entre los árboles en las que se cuelgan prendas de vestir, mucha ropa de niños. En el lugar han llegado a permanecer unos 170 menores. Cuando el clima lo permite y corren para darles rienda suelta a sus deseos, se escucha el sonido de las hojas secas a su paso.

Se ve a una nueva familia buscando palos firmes y piedras para montar algo, lo más parecido a un hogar. Las circunstancias los han hecho nómadas, nómadas que viven cada día una penuria.

Suena la voz de una mujer que intenta organizar la llegada de unos almuerzos. Se trata de Bercris Terán, de 30 años, procedente de Caracas D. C. Fue policía del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CIC) y, antes de eso, técnica forense. Llegó al país con toda su documentación al día y, aun así, no pudo conseguir ningún trabajo estable.

Trabajó en una empresa de máquinas dispensadoras, cuidó niños y hasta vendió café. En su mejor momento alcanzó a vivir en un apartamento en Villas de Granada, pero luego de un robo tuvo que partir de allí hacia una habitación.

Después llegó la pandemia como una ola inmensa que sumergió a los migrantes en una tragedia peor a la que ya estaban viviendo. Como si no fuera suficiente. Las calles que eran su único escenario para sobrevivir se convirtieron en un territorio prohibido. Entonces ellos, y muchos otros venezolanos, decidieron regresar a su país, cada uno con una historia diferente. “Me quedé desempleada y con el poco dinero que tenía tuve que venirme para el terminal del norte. Yo me inscribí en la página de Migración hace casi dos meses y nunca llamaron ni me enviaron un correo, nada”, contó.

Es difícil entender por qué ellos quieren volver a un país en donde no ha cambiado nada desde que partieron. Razones hay muchas, la de Bercris es el olor a hogar. “Yo soy profesional y puedo buscar un empleo mucho más cómodo que acá, porque a pesar de que yo estaba legal, nadie me quiso dar una oportunidad”.

Además, muchos ya han sido víctimas de xenofobia. “Una vez solicité empleo en una panadería y el dueño salió y me preguntó: ‘¿Es venezolana?’. Le dije que sí, que tenía mi documentación al día. Él se quedó viéndome despectivamente y me dijo que no contrataba gente de mi país porque todos éramos malos. Eso para mí es xenofobia al extremo. No todos somos delincuentes. Algunos sí vinieron a fallar acá, hay que reconocerlo. Pero hay muchos que queríamos conseguir un empleo estable, mejorar y aportar muchísimas cosas positivas a este país”, recordó Bercris.

Asimismo, esta mujer contó cómo se comenzaron a reunir todos sus connacionales en ese separador de la autopista Norte. Muchos se cansaron de esperar una razón de Migración Colombia. Aunque se inscribían, nunca los llamaban.

Las familias comenzaron a vivir el drama de ser sacadas de sus casas por los arrendadores. Entonces, temerosos de dormir en las calles, tomaron la decisión de retornar a su país. Así llegaron a la terminal del Norte, pero se encontraron con colas inmensas de venezolanos en la misma situación.

Muy pocos buses han estado disponibles para la travesía porque tienen que estar autorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para salir. Así se fueron sumando uno a uno, socializando su situación, hasta que decidieron armar sus cambuches en el separador verde de la Autonorte. ¿La razón? No quieren estar en lugares de paso o en albergues, no quieren estar en ‘pagadiarios’ y no tienen cómo pagar un arriendo, solo desean regresar a Venezuela, pues en Bogotá no hay quién vigile que no sean expulsados por no pagar en épocas de pandemia.

De esta forma, así llueva, truene o relampaguee, duermen bajo plásticos. Hasta allá han llegado entidades del Distrito, personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Bogotá, pero ellos han sido claros, quieren regresar. “Yo no quiero estar aquí, no estamos aguantando hambre, muchas fundaciones nos han ayudado, solo queremos que tramiten vuelos o buses humanitarios para devolvernos, ya no quiero estar más en este país y nosotros nos sometemos a todas las pruebas que digan. Hoy siento que soy un estorbo”, decía una mujer llamada Milagros a una autoridad, llorando. Ella es madre de tres niños.

Ante declaraciones como estas, las autoridades colombianas les han explicado que las trabas no son del país. “Por nosotros no hay ningún problema. Colombia tiene habilitado un corredor humanitario, el problema son autoridades como la Guardia venezolana, que no permiten el ingreso de sus conciudadanos”. La frontera está saturada y algunos días solo dejan pasar a 350 personas.

Otra problemática es la falta de documentación. Muchos migrantes adolecen de este requisito, de actualización de sus salvoconductos. “Yo no quiero estar en Colombia. Me han negado la posibilidad de lograr mis papeles legales. He hecho todas las filas que ustedes se puedan imaginar”, dijo Cecilio Sánchez, otro habitante de los cambuches.

Y esa es la razón por la cual cada día llegan más venezolanos a ese lugar, hasta que la bomba social sea tan grave que ya no se pueda contener.

La situación más preocupante es la de los niños. Se exponen a los fuertes cambios del clima, a encontrarse con serpientes y roedores. “Hemos pasado por muchos peligros aquí, hace como tres días se intentaron meter varios hombres a robar. La policía se llevó a un ciudadano colombiano que intentó violentar sexualmente a una adolescente”, denunció Bercris.

Y ni hablar de las condiciones sanitarias. Hace un tiempo les prestaban el baño de Makro, pero ante el aumento de personas y el temor por la covid-19 no pudieron seguir brindándoles ese servicio.

Ahora se ven obligados a hacer sus necesidades en bolsas o en huecos que hicieron en la tierra para evitar brotes por contaminación. “El papel higiénico y la basura se recogen diariamente en bolsas negras y apenas pasa el aseo, estamos pendientes de sacarlas”, dijeron algunos habitantes de los cambuches.

Otro problema son los falsos líderes, aquellos que quieren obligarlos a decir mentiras. “Nos piden que digamos que no tenemos para el pasaje, y mentiras, muchos, unos 170, sí contamos con el dinero y otros pues no. Pero hay que hablar con la verdad. Para qué le vamos a quitar la oportunidad a otro que sí lo necesite”, dijo Bercris.

Por ahora, son decisiones humanitarias de fondo las que permitirán que estos migrantes puedan abrazar otra vez a sus seres queridos. “Ay, mamita, este mundo está tan raro que nada nos garantiza que regresar sea la mejor decisión, pero hasta morir en la tierra es una buena noticia”, dijo una mujer que esperaba la tarde en la entrada de su cambuche.

De acuerdo con Migración Colombia, a la decisión de Venezuela de disminuir la recepción diaria de ciudadanos venezolanos por los corredores humanitarios y permitir el tránsito de ellos por el puente internacional José Antonio Páez en Arauca solamente los días lunes, miércoles y viernes, se suma la determinación de restringir el ingreso al país vecino por el puente internacional Simón Bolívar a tres días a la semana.

De esta manera, el tránsito de personas por los corredores humanitarios solo se podrá realizar los tres días mencionados en grupos que no superen las 300 personas para el puente Simón Bolívar en Norte de Santander y 100 para el puente José Antonio Páez en Arauca.

La medida comenzó a regir el 8 de junio y, según la entidad, implicaría una reducción cercana al 80 % en el número de ciudadanos venezolanos que retornan a su país.

En el caso de La Guajira, aún no se ha establecido un corredor humanitario formal, lo que hace que el paso de personas sea esporádico. “A la fecha, más de 71.000 migrantes venezolanos han logrado retornar a su país gracias a los procedimientos de retorno voluntario generados por el Gobierno Nacional en coordinación con las alcaldías y las gobernaciones”, dijo Juan Francisco Espinosa Palacios, director general de Migración Colombia.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno le dijo a EL TIEMPO que la istración ya completa siete días brindándoles ayudas, aunque muchos se resisten a recibirlas.

Entre el 13 de mayo y el 7 de junio han salido 2.384 migrantes desde el terminal de transporte en 104 buses de transporte intermunicipal. Bogotá fue la primera ciudad que protocolizó su salida, a partir del 10 de mayo. Antes estaban saliendo en buses de transporte especial que no estaban habilitados, no contaban con las condiciones de bioseguridad, presentaban sobrecupo y les cobraban a los pasajeros desde 240.000 hasta 400.000 pesos por pasaje.

En la terminal del Norte hay 154 personas, de las cuales 90 viajan a Cúcuta. “Hoy Migración Colombia nos volvió a restringir la autorización de salida, entonces nos dijeron que solo podíamos sacar entre 90 y 100 pasajeros”, dijo Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Las personas que no logren viajar saldrán la próxima semana.

Pero aún quedan en el separador unas 400 personas, que seguirán a la espera de conseguir un tiquete de salida. Por tandas irán ingresando a la terminal con la esperanza de volver a sus casas. En el listado de espera oficial de quienes han seguido el protocolo para solicitar el regreso a su país hay unas 14.000 personas, que esperan también la autorización para salir hacia la frontera.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA DE LA SECCIÓN BOGOTÁ

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